La suegra del gendarme Nahuel Agustín Gallo, un efectivo de Gendarmería Nacional oriundo de Catamarca detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, protagonizó esta semana una fuerte intervención ante legisladores en la Asamblea Nacional de Caracas, reclamando respuestas sobre el paradero y el estado de su yerno, quien permanece bajo custodia del régimen chavista sin información clara sobre su situación judicial.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 cuando ingresaba a Venezuela por tierra desde Colombia con el objetivo de reunirse con su pareja y su hijo, según informó su familia y diversas fuentes periodísticas. Desde entonces, su familia denuncia que las autoridades venezolanas han negado sistemáticamente información sobre su estado de salud, su situación procesal y han impedido el acceso a una defensa legal firme.
Durante su intervención excepcional en la Asamblea Nacional, Yalitza del Valle García, suegra de Gallo y abogada de profesión, cuestionó duramente a los diputados oficialistas por el silencio institucional que rodea el caso desde enero de 2025. Manifestó el desgaste emocional de la familia al transitar organismos de inteligencia y fiscalías sin obtener datos concretos y tildó la detención de "injusta".
García rechazó además versiones que intentan vincular a Gallo con supuestos planes terroristas o conspiraciones políticas, remarcando que no existen pruebas que respalden tales acusaciones y subrayando su inocencia. "Su único delito es ser gendarme", afirmó ante los legisladores.
La familia sostiene que no ha tenido contacto oficial ni visitas, y que Gallo permanece alojado en El Rodeo I, un establecimiento penitenciario en las afueras de Caracas, según versiones extraoficiales y reportes periodísticos sobre el caso.
El reclamo se produce en medio de gestiones diplomáticas sin avances significativos. Argentina ha calificado la detención como arbitraria y ha presentado denuncias ante organismos internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, denunciando la situación como una violación grave de derechos humanos.
A más de 430 días de su detención, el futuro legal de Gallo sigue siendo incierto, mientras su familia y sectores políticos argentinos intensifican el reclamo para obtener información y su inmediata liberación.
Con información de DNews