El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, a través de la Secretaría de Transporte de Catamarca, dispuso la baja de oficio de 11 unidades del transporte urbano de pasajeros que excedían la antigüedad máxima permitida por la legislación provincial. La resolución alcanza a colectivos pertenecientes a las empresas Cooperativa de Trabajo de Transporte San Fernando Ltda., El Nene SRL y La Rubí SRL, las cuales deberán retirarlos definitivamente de circulación en un plazo de 15 días.
La decisión fue adoptada en el marco de las actuaciones administrativas realizadas por el organismo competente, que determinaron que las unidades involucradas superan el límite de antigüedad establecido por la Ley Provincial de Transporte, razón por la cual ya no pueden continuar prestando el servicio de transporte urbano de pasajeros.
La resolución constituye una medida de aplicación directa sobre las empresas prestatarias y establece un plazo concreto para el retiro definitivo de las unidades alcanzadas, con el objetivo de adecuar la prestación del servicio a las exigencias previstas en la normativa vigente.
Las unidades alcanzadas por la resolución
La disposición emitida por la Secretaría de Transporte comprende un total de 11 colectivos, distribuidos entre tres empresas que actualmente prestan el servicio de transporte urbano en la provincia. Las unidades corresponden a:
- Seis colectivos pertenecientes a la Cooperativa de Trabajo de Transporte San Fernando Ltda.
- Cuatro unidades de El Nene SRL.
- Una unidad de La Rubí SRL.
De acuerdo con las actuaciones administrativas que dieron origen a la resolución, todos estos vehículos exceden la antigüedad máxima autorizada por la legislación provincial, situación que motivó la decisión de disponer su baja de oficio.
Las empresas fueron notificadas formalmente sobre la medida y contarán con un período de quince días para concretar el retiro definitivo de esas unidades de circulación.
Renovación obligatoria de la flota
La resolución implica que las empresas prestatarias deberán avanzar en la renovación de parte de su flota, con el propósito de garantizar la continuidad del servicio sin que ello implique una reducción en las frecuencias ni genere inconvenientes para los usuarios del transporte urbano.
La necesidad de reemplazar las unidades alcanzadas por la baja de oficio responde al objetivo de mantener la prestación del servicio bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente, preservando la normalidad del sistema mientras se incorporan vehículos que cumplan con los requisitos legales.
En este sentido, la medida no solo ordena el retiro de los colectivos que superaron la antigüedad permitida, sino que también obliga a las empresas a adecuar su parque automotor para asegurar que el servicio continúe desarrollándose sin afectar la movilidad cotidiana de los pasajeros.
La seguridad como eje de la medida
Desde la Secretaría de Transporte remarcaron que el transporte público constituye un servicio esencial, por lo que su prestación debe desarrollarse bajo condiciones de seguridad, continuidad, regularidad, eficiencia y calidad.
En ese marco, el organismo señaló que el cumplimiento de los límites de antigüedad fijados por la legislación provincial representa un requisito indispensable para garantizar que las unidades que circulan lo hagan dentro de los parámetros establecidos por la normativa.
La decisión administrativa se inscribe en una política de control sobre el parque automotor destinado al transporte urbano de pasajeros, poniendo el foco en el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan la actividad y en las condiciones que deben reunir los vehículos habilitados para prestar el servicio.
Modernización del sistema de transporte urbano
Con esta resolución, el Gobierno provincial busca reforzar los controles sobre el estado del parque automotor y avanzar en un proceso de modernización del sistema de transporte urbano.
La resolución representa un paso dentro del proceso de fiscalización del transporte público impulsado por la Secretaría de Transporte de Catamarca, orientado a asegurar que las empresas prestatarias operen con unidades que se ajusten a los requisitos establecidos por la legislación vigente y que el servicio continúe prestándose bajo estándares de seguridad, regularidad, continuidad, eficiencia y calidad.
