En las últimas horas, el escenario político y judicial se ha visto sacudido por los avances en la investigación de los graves incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación, en el marco de las protestas contra la reforma laboral. El Ministerio de Seguridad Nacional ha logrado identificar de manera fehaciente a un grupo de 17 personas señaladas por su participación directa en actos de lo que la ministra Alejandra Monteoliva definió como "violencia extrema". Este proceso no fue azaroso, sino el resultado de un trabajo coordinado entre las fuerzas federales y la Justicia, basado en el análisis de imágenes de seguridad, registros de medios y material recolectado en redes sociales.
Según la información oficial, el mapa de los implicados muestra una dispersión geográfica particular: la mayoría son vecinos de la provincia de Buenos Aires, mientras que una minoría reside en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en puntos del norte del país. Pese a la claridad de las pruebas recolectadas, de la lista de diecisiete identificados, por el momento hay sólo dos detenidos, quienes fueron interceptados por la Policía de la Ciudad en procedimientos realizados en el ámbito porteño.
El primer arresto se produjo en el barrio de Palermo, específicamente en Luis María Campos al 1300. Personal de la Comisaría Vecinal 14B detectó a un hombre durmiendo en un cajero automático; al ser abordado, el sujeto reaccionó de manera agresiva hacia los efectivos. Dado que no portaba documentación, la fiscalía autorizó la intervención del Departamento de Reconocimiento Antroposcométrico de la Superintendencia de Policía Científica. Mediante el sofisticado sistema Face Expert, se compararon los rasgos biométricos con la base de datos oficial, arrojando una coincidencia positiva con Néstor Gabriel Barrera, un argentino de 31 años que ya registraba antecedentes por robo.
La segunda captura tuvo lugar durante la tarde en Montevideo al 300, donde efectivos de la comisaría vecinal 1B reconocieron a un individuo que solía frecuentar la zona. Se trata de Matías Enzo Roldán, conocido bajo el alias de "Tucumano", identificado como uno de los atacantes que utilizó bombas Molotov el pasado miércoles. En su caso, un detalle físico fue determinante: un tatuaje en su brazo izquierdo que aparecía con nitidez en las filmaciones de los incidentes. Roldán cuenta con varios antecedentes por delitos contra la propiedad y su detención fue avalada por Gonzalo Rua, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 6.
El listado de los 15 prófugos y sus perfiles
La Justicia y las fuerzas de seguridad mantienen una búsqueda activa sobre el resto de los implicados. Según los datos oficiales, los individuos que aún permanecen en condición de prófugos son Lucas Horacio Cabrera, Claudio Marcelo Figueroa, Héctor Rodolfo Cabrera, Martín Castiñeiras, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellan. A este grupo se suman Denis Alejandro Figueredo, Lucas Ezequiel Lobato, Nahuel Ezequiel Britos, Carlos Nicolás Kipper Amalfi, Manuel Edgardo Barrios, Natanael Benjamín Aguirre, Jorge Ismael González, Pedro Antonio Juárez y Roberto Daniel Tassano.
Las autoridades advierten que, si bien no todos los buscados presentan el mismo perfil, una parte considerable posee antecedentes por robo agravado, lesiones y otros delitos. La investigación, ahora en manos de la Unidad de Flagrancia Este de CABA a cargo de la fiscal Mergulliani, busca determinar posibles conexiones con organizaciones y financiamiento, así como la relación entre estos sujetos y hechos delictivos anteriores.
La gravedad de lo hallado en el epicentro de las protestas ha llevado al Ministerio de Seguridad a elevar el tono de la acusación. La ministra Monteoliva fue taxativa al enumerar el arsenal detectado en poder de los manifestantes: bidones de nafta, bombas Molotov, martillos, bulones para ser lanzados con gomeras y palos convertidos en "lanzapalos". De acuerdo con la visión oficial, la intención de estos grupos —integrados por barrabravas y sectores de la izquierda combativa— no era solo agredir a la policía, sino "desestabilizar las instituciones".
Bajo esta premisa, el Gobierno ha anticipado que presentará una denuncia por terrorismo, fundamentada en el uso de artefactos explosivos y la clara intención de generar caos social. El ministerio sostiene que la planificación y los elementos utilizados demuestran una logística orientada a la destrucción y la agresión organizada, marcando un punto de inflexión en la judicialización de la protesta violenta en el país.