La gestión de la vivienda pública en la provincia ha ingresado en una fase de máxima tensión institucional. Lo que comenzó como un cúmulo de reclamos sociales por la falta de soluciones habitacionales ha derivado en una compleja trama judicial que involucra denuncias por maniobras defraudatorias y la operación de presuntos gestores ilegales. En este contexto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se encuentra bajo un escrutinio sin precedentes, enfrentando tanto el avance de expedientes penales como un fuerte pedido de auditoría sobre el destino real de las casas entregadas.
El diputado provincial Javier Galán, representante del bloque MID, ha tomado el liderazgo en el reclamo político tras canalizar numerosas quejas de ciudadanos a través de sus canales oficiales. El legislador sostiene que el sistema actual presenta grietas que permiten irregularidades graves, tales como la existencia de viviendas que permanecen deshabitadas tras su entrega o que son utilizadas de manera indebida como residencias de fin de semana. Según las denuncias receptadas por el diputado, existen casos de personas adjudicadas que ya contarían con otros inmuebles a su nombre, lo que constituye una contradicción directa con el fin social del organismo.
Ante este panorama, Galán ha exigido la implementación de un operativo de control urgente. El objetivo primordial es garantizar que las viviendas sean ocupadas por quienes realmente cumplen con los requisitos de necesidad. El diputado enfatizó que, mientras miles de familias enfrentan alquileres impagables y condiciones de hacinamiento esperando respuestas que demoran años, el sistema no puede permitir que algunos beneficiarios se aprovechen de la falta de fiscalización. La demanda de justicia y transparencia se vuelve entonces una prioridad para resguardar el derecho constitucional a un hogar digno.
La red de estafas y la identidad suplantada
A la par del debate sobre el control de las unidades, la Justicia provincial avanza sobre una red de presuntas estafas. La fiscal de instrucción nº1, Yesica Miranda, coordina actualmente la investigación de tres expedientes vinculados a maniobras en las que individuos se hacían pasar por funcionarios o aseguraban tener nexos directos con el IPV para exigir dinero a cambio de lugares de privilegio en los listados. El caso tomó relevancia pública luego de la denuncia presentada por el director de Adjudicaciones y Control de Viviendas, Mauricio Varela, quien identificó a Juan Martín Acuña como el presunto responsable de estas operaciones.
Acuña habría utilizado perfiles falsos en aplicaciones de mensajería para suplantar la identidad de Varela y solicitar sumas que oscilaban entre los 450.000 y el millón de pesos. Las pruebas aportadas incluyen transcripciones de audios de WhatsApp donde el denunciado explicaba con total impunidad la mecánica del engaño, asegurando que podía interceder ante las autoridades para incluir a personas en los listados de beneficiarios, incluso si estas no figuraban originalmente en los registros oficiales del IPV. La situación alcanzó tal magnitud que incluso la secretaria de Varela, Natalia Herrera, debió presentarse espontáneamente ante la Justicia tras advertir que su nombre era utilizado para dar credibilidad a las falsas promesas de adjudicación.
La respuesta institucional y el esquema de transparencia
Desde el Instituto Provincial de la Vivienda han sido categóricos al desvincularse de estas maniobras, calificándolas como acciones totalmente ajenas al proceso de selección de beneficiarios. A través de comunicados oficiales, el organismo recordó que todos los trámites previos a la entrega de soluciones habitacionales son estrictamente gratuitos y que no se aceptan gestores de ningún tipo. El IPV aclaró que su función se limita a recuperar lo invertido en la construcción mediante el pago de cuotas mensuales que inician recién después de que el adjudicatario toma posesión efectiva de la unidad.
Finalmente, las autoridades insistieron en que nadie está autorizado a solicitar información privada ni dinero bajo la promesa de facilitar una adquisición. El llamado a la población es claro: denunciar cualquier contacto irregular para proteger la integridad de un sistema que hoy, más que nunca, necesita demostrar su transparencia frente a una sociedad que demanda soluciones habitacionales justas y libres de corrupción.