Este miércoles, la Justicia española le fijó a Dani Alves una fianza de un millón de euros y, de pagarla, podrá salir de la cárcel tras haber sido condenado en una causa por abuso sexual. Sin embargo, un imprevisto de último momento lo privó de este beneficio.
El futbolista y su entorno se movieron por todos lados para conseguir esta importante suma de dinero. Incluso, el encargado de conseguirla era el padre de Neymar, con quien mantiene una profunda amistad. Sin embargo, no pudieron cumplir con el objetivo en tiempo y forma por lo que el ex-Barcelona permanecerá esta noche en el centro penitenciario de Brians 2.
Pese a los intentos, el padre de Neymar no pudo conseguir la cifra antes de las 14.30 de España, por lo que no se pudo hacer el pago para que Dani Alves recupere transitoriamente su libertad. Todo apunta a que este jueves podrá salir de la cárcel en la que se encuentra hace 14 meses.
Según informaron desde España, para evitar una hipotética fuga a Brasil -tal como pasó con el caso de Robinho-, la abogada del exfutbolista, inés Guardiola, le retuvo los pasaportes español y brasileño para entregarlos a la Justicia.
Cabe recordar que Brasil no cuenta con tratado de extradición con España. Por eso, la abogada de la víctima, Ester García, asegura que el riesgo de fuga “es evidente” y anunció que presentará un recurso.
La Justicia de España le otorgó la libertad provisional a Dani Alves
La Audiencia de Barcelona acordó dejar en libertad provisional al exjugador de la Selección de Brasil Dani Alves tras pagar una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven los recursos a la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel por el abuso sexual a una joven en un boliche de Barcelona.
Comunicado oficial del Poder Judicial de España
Según se comunicó de manera oficial el tribunal resolvió por mayoría y con voto particular “acordar la prisión provisional de Daniel A. eludible mediante el pago de una fianza de 1.000.000 euros y en caso de verificarse el pago, y acordarse su libertad provisional se procederá a la retirada de los dos pasaportes, español y brasileño, la prohibición de salir del territorio nacional, y la obligación de comparecencia apud acta ante esta Audiencia Provincial semanalmente, así como cuantas veces sea llamado por la Autoridad Judicial”.
Por su parte, en el escrito se destaca: “Asimismo, se impone la medida de prohibición de aproximación a la persona de la denunciante a una distancia no inferior de 1.000 metros de su domicilio, lugar de trabajo y de cualquier otro lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento, hasta que recaiga sentencia firme; declarando de oficio las costas”.
En otro apartado se menciona que “la pena finalmente impuesta se ha reducido de forma ostensible en relación a la inferior de las peticionadas (9 años por el Ministerio Fiscal y 12 por la acusación particular), además lleva cumplidos 14 meses de forma preventiva, con fecha de inicio 20 de enero de 2023, pudiendo ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia”.
