Una joven de 21 años oriunda de La Plata denunció haber sido víctima de una violenta agresión por parte de su expareja, un futbolista de 20 años que integra la Reserva de Independiente de Avellaneda. La presentación fue realizada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema, donde la denunciante detalló una serie de episodios de violencia que, según su relato, se produjeron en el marco de la relación que mantuvo con el deportista.

De acuerdo con la documentación judicial citada por un medio platense, los profesionales que intervinieron en el caso evaluaron la situación y la calificaron como de "riesgo alto", una consideración que derivó en el pedido de medidas de protección urgentes por parte de la joven.

La denuncia describe situaciones de violencia física, psicológica y patrimonial, elementos que fueron incorporados al expediente y analizados por las autoridades judiciales competentes. Tras la evaluación inicial de los hechos expuestos, el juzgado interviniente resolvió actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad de la denunciante.

El futbolista denunciado

El denunciado fue identificado como Nicolás Tomás Garrido Aparicio, futbolista de 20 años que forma parte de la Reserva del Club Atlético Independiente. Según consta en el informe judicial mencionado, uno de los episodios relatados por la denunciante habría estado relacionado con un planteo de celos y con lo que fue descripto como un "arranque irascible" por parte del jugador.

La acusación se encuentra actualmente bajo análisis judicial, mientras avanzan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias denunciadas y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.

El episodio que desencadenó la denuncia

La presentación judicial se produjo luego de un hecho que, según el relato de la joven, ocurrió durante la madrugada del sábado. De acuerdo con la denuncia, ambos coincidieron en un boliche y posteriormente se dirigieron al departamento del futbolista, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Siempre según la versión aportada por la denunciante, una vez en el inmueble se habría desencadenado la agresión. La joven aseguró que fue golpeada durante más de dos horas y que, como consecuencia de la violencia sufrida, padeció una fractura de nariz.

Además, manifestó que el denunciado le quitó el teléfono celular durante el episodio, una situación que, según indicó, le impidió pedir ayuda o comunicarse con terceros mientras transcurrían los hechos.

Los detalles expuestos en la denuncia fueron incorporados al expediente y constituyeron parte de los elementos considerados por los organismos intervinientes al momento de evaluar el nivel de riesgo y la necesidad de adoptar medidas de protección.

Las medidas de protección ordenadas por la Justicia

Luego de analizar la denuncia presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica, la Justicia resolvió hacer lugar de manera urgente y provisoria a las medidas solicitadas por la víctima, con el objetivo de preservar su integridad física y psíquica.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentran:

• Prohibición de acercamiento del denunciado a la víctima en un radio de 200 metros.
• Suspensión de cualquier tipo de contacto, ya sea electrónico, telefónico o mediante redes sociales.
• Continuidad del botón antipánico que ya había sido entregado a la joven durante el fin de semana.

Estas medidas fueron dictadas como resguardo preventivo mientras la causa continúa avanzando en sede judicial y se desarrollan las actuaciones correspondientes.

La situación actual de la causa

Tras el episodio denunciado, la joven informó lo sucedido a su familia y formalizó la presentación ante las autoridades competentes. A partir de esa instancia, quedó bajo medidas de protección dispuestas por la Justicia.

La causa continúa su curso judicial y permanece bajo investigación, mientras se mantienen vigentes las medidas cautelares ordenadas para garantizar la seguridad de la denunciante.

El caso adquiere especial relevancia por la evaluación de "riesgo alto" realizada por los profesionales que intervinieron y por la rápida respuesta judicial orientada a resguardar a la víctima frente a los hechos denunciados. En este contexto, las medidas adoptadas buscan prevenir nuevos episodios y asegurar la protección de la joven mientras se esclarecen las circunstancias expuestas en la denuncia y avanza el proceso judicial correspondiente.