El presidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, Gerardo Ingaramo, aseguró que el transporte público de pasajeros en el interior del país enfrenta una situación crítica que se agravó de manera marcada en los últimos 30 días.
El dirigente describió el escenario como una "tormenta perfecta", producto de la superposición de variables económicas y operativas que afectan de manera directa la prestación del servicio. Uno de los factores centrales es el fuerte incremento del combustible. Según detalló, el litro de gasoil en YPF pasó de $1.500 a $2.000, lo que implicó una suba superior al 35%.
Ese aumento, remarcó, no fue reconocido en las tarifas, generando un impacto inmediato sobre la estructura de costos de las empresas. La consecuencia directa, sostuvo, es una reducción progresiva en la oferta:
- Menos servicios
- Menos frecuencias
- Mayor deterioro operativo
La deuda por atributos sociales y el impacto salarial
A la presión de los costos se suma la deuda del Estado Nacional por los llamados atributos sociales, es decir, el descuento del 55% que reciben los usuarios a través del sistema SUBE. Según Ingaramo, el sector no recibió los fondos correspondientes a enero, febrero y marzo.
El monto adeudado supera los $30.000 millones para todo el interior del país, una cifra que, de acuerdo con FATAP, compromete la sustentabilidad inmediata de las empresas.
El dirigente fue contundente al describir la magnitud del problema: "el 80% de las empresas del interior del país, salvo aquellas que reciben aportes específicos como Córdoba, Mendoza o Neuquén, están complicadas para pagar salarios". La advertencia abre la puerta a un escenario de conflicto laboral, ya que la imposibilidad de cumplir con los sueldos suele derivar en medidas gremiales automáticas.
Menos pasajeros y mayor competencia
Otro de los ejes de la crisis es la caída del 30% en la cantidad de pasajeros en muchos puntos del país. A ese descenso se agrega, según FATAP, un 15% de gratuidades detectadas a través de SUBE, es decir, usuarios que no pagan el viaje, lo que repercute directamente sobre la recaudación del sistema.
El cuadro se completa con una competencia creciente de plataformas alternativas. Ingaramo señaló que servicios como Uber y Ubermoto profundizan la pérdida de pasajeros, especialmente en un contexto donde la tarifa del colectivo se ubica en niveles altos.
Con un boleto promedio cercano a los $2.000, muchos usuarios optan por otras modalidades de traslado.
Paros inminentes y ciudades ya afectadas
Consultado sobre la posibilidad de interrupciones, Ingaramo anticipó que el riesgo es concreto: si la mayoría de las empresas no logra pagar salarios, los trabajadores podrían iniciar medidas de fuerza de manera inmediata. El dirigente mencionó que ya existen jurisdicciones donde el deterioro se tradujo en restricciones visibles. Entre ellas nombró a Chaco, Corrientes y Catamarca. En esas plazas, explicó, ya no existe servicio nocturno y los salarios vienen siendo abonados de forma desdoblada.
Por eso, advirtió que el jueves podría registrarse una gran cantidad de empresas sin capacidad de cumplir con sus obligaciones salariales, escenario que desembocaría en nuevos paros.
Sistemas provinciales y distintas realidades
Frente a la crisis generalizada, Ingaramo diferenció los modelos de financiamiento provinciales que lograron amortiguar el impacto. Puso como ejemplo a Mendoza, donde desde hace 20 años funciona un sistema que paga por kilómetro recorrido, con aportes mensuales de la provincia que cubren parte del costo y reducen desfasajes.
También destacó experiencias como Córdoba y Santa Fe, donde con herramientas como el boleto educativo gratuito. Sin embargo, remarcó que se trata de realidades diferentes según la capacidad de aporte y la decisión política de cada provincia, mientras que en otras jurisdicciones el deterioro continúa profundizándose.
El riesgo de desaparición en ciudades pequeñas
Sobre el final, el titular de FATAP advirtió que el mayor riesgo aparece en las localidades más pequeñas, donde la baja densidad de pasajeros vuelve inviable la operación.
Según explicó, hay ciudades chicas que podrían quedarse sin servicio, porque con el actual nivel de pasajeros por kilómetro ninguna empresa puede sostener el funcionamiento.
En ese escenario, sostuvo, el transporte tendería a concentrarse en los grandes centros urbanos, mientras que las localidades menores deberían buscar otras formas de movilidad.
La conclusión del dirigente fue directa: si el Estado pretende sostener un sistema "masivo, popular y barato", deberá encontrar una alternativa de financiamiento que permita evitar la pérdida de empresas y la profundización de la crisis en el interior del país.