El Congreso de Bolivia autorizó este domingo al presidente Rodrigo Paz a utilizar al Ejército para desbloquear las rutas tomadas por manifestantes que desde hace cinco semanas mantienen protestas en distintos puntos del país y exigen su renuncia.

La decisión fue adoptada tras una extensa sesión legislativa que se prolongó durante 15 horas. La Cámara de Diputados aprobó la norma, que ya había recibido el aval del Senado, y la remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Las manifestaciones, protagonizadas por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores sociales, se desarrollan en medio de la peor crisis económica que atraviesa Bolivia en las últimas cuatro décadas. Los bloqueos afectan la circulación en al menos 80 puntos del territorio nacional y generan serias dificultades para el abastecimiento de combustibles, alimentos y medicamentos.

El Gobierno analiza declarar el estado de excepción

Con la nueva herramienta legal, el presidente Paz evalúa declarar el estado de excepción, una medida que le permitiría ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas y restringir temporalmente derechos vinculados a la reunión y movilización pública.

Hasta el momento, la intervención militar había sido limitada, mientras que la Policía antimotines encabezó los operativos para despejar algunas rutas estratégicas.

La situación impacta especialmente en La Paz y El Alto, donde se registran importantes problemas de abastecimiento. También se observan complicaciones en Cochabamba, Oruro, Potosí y otras regiones del país.

El sábado se registraron enfrentamientos en la localidad de San Julián, en Santa Cruz, cuando efectivos policiales intentaron liberar una ruta bloqueada. Según el balance oficial, seis policías y catorce civiles resultaron heridos durante los incidentes.

La polémica por la "presunción de legalidad"

Uno de los puntos más debatidos de la nueva ley establece que los efectivos militares y policiales que actúen durante el estado de excepción gozarán de "presunción de legalidad" en el cumplimiento de sus funciones. Además, el Estado deberá asumir su defensa jurídica en caso de eventuales procesos judiciales.

Para el diputado oficialista Carlos Alarcón, la medida resulta necesaria para garantizar que las fuerzas de seguridad puedan intervenir frente a situaciones de violencia sin temor a futuras consecuencias penales.

El tema genera especial sensibilidad en Bolivia debido a antecedentes recientes. Tras la crisis política de 2019, varios jefes militares del gobierno transitorio de Jeanine Áñez fueron procesados por su actuación durante enfrentamientos que dejaron más de 30 muertos.

Escasez y tensión social

Mientras continúan las protestas, las filas en las estaciones de servicio se extienden por varios kilómetros. Muchos conductores permanecen durante días esperando cargar combustible, mientras la distribución avanza lentamente.

A través de sus redes sociales, Rodrigo Paz reconoció que La Paz y El Alto atraviesan "momentos difíciles", aunque aseguró que comienzan a observarse avances en la normalización del suministro.

El Gobierno responsabiliza al expresidente Evo Morales por impulsar las protestas que afectan al país. El líder cocalero rechaza las acusaciones y permanece en la región del Chapare, donde evita una orden de captura vinculada a una causa por presunta trata de una menor, denuncia que también niega.

La crisis política, económica y social mantiene a Bolivia en un escenario de alta incertidumbre, mientras el Ejecutivo apuesta a recuperar el control de las rutas y garantizar el abastecimiento en las principales ciudades del país.