Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados desde la asunción del presidente Rodrigo Paz hace apenas seis meses. En medio de una crisis marcada por bloqueos de rutas, protestas sociales y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, el mandatario decidió avanzar con un cambio clave dentro de su gabinete al reemplazar al ministro de Trabajo, en un intento por descomprimir el creciente conflicto que afecta especialmente a la ciudad de La Paz y otras regiones del país.

La decisión se produjo mientras la capital boliviana enfrenta graves problemas de abastecimiento provocados por los cortes de rutas que ya superan las tres semanas. La situación impacta de lleno en la vida cotidiana de los habitantes, quienes deben recorrer largas distancias o hacer extensas filas para conseguir alimentos básicos, medicamentos y hasta oxígeno medicinal para los hospitales.

En el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, la escena refleja la magnitud de la crisis. Decenas de personas esperan con cajas, paquetes, bolsones y cajones para despachar en vuelos hacia La Paz productos esenciales destinados a familiares que ya no logran conseguir insumos básicos en comercios vacíos o cerrados.

Escasez, inflación y una ciudad sitiada

La Paz vive una aparente calma luego de los violentos enfrentamientos registrados el lunes entre manifestantes opositores y la policía. Las protestas, encabezadas por seguidores del ex presidente Evo Morales, dejaron decenas de heridos y más de 120 detenidos. Sin embargo, detrás de esa relativa tranquilidad persiste un escenario de fuerte tensión social debido al impacto de los bloqueos.

Los cortes de rutas afectan no sólo a La Paz, sede del Gobierno y del Poder Legislativo boliviano, sino también a otras regiones, entre ellas Cochabamba. La interrupción del tránsito de mercaderías provocó fuertes aumentos de precios y un deterioro acelerado del abastecimiento.

La analista y profesora de Ciencia Política de la Universidad Mayor de San Andrés, Jimena Costa, explicó que la crisis golpea principalmente a los sectores de menores recursos. "El problema de la escasez de alimentos está afectando a los más pobres, y hay especulación", señaló Costa. Como ejemplo, detalló que un pollo que anteriormente costaba entre 19 y 20 bolivianos por kilo, equivalente a unos 2,80 dólares, ahora alcanza los 100 bolivianos, cerca de 14,80 dólares.

La situación más delicada se registra en los hospitales, donde ya no sólo faltan medicamentos, sino también oxígeno medicinal, considerado indispensable para la atención sanitaria.

El cambio de ministro 

Frente a este escenario, Paz decidió avanzar con modificaciones en su gabinete. El mandatario desplazó al ministro de Trabajo, Edgar Morales, cuestionado por el sector obrero, y designó en su lugar a Williams Bascopé, un abogado de origen aimara.

El cambio fue interpretado como un gesto político orientado a desactivar parte de la presión sindical y social. Además, el presidente anunció la creación de un Consejo Económico Social que comenzará a funcionar el próximo fin de semana y que buscará incorporar a todos los sectores dispuestos a participar del diálogo.

"Estaré cinco años para reordenar el país", afirmó Paz durante una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno. Allí también reconoció que su administración "no ha estado gobernando para todos los sectores" y sostuvo que el objetivo debe ser enfocarse en "todos los bolivianos y bolivianas".

El mandatario aclaró que la convocatoria al nuevo consejo incluirá a "aquellas personas que quieran ser parte", aunque excluyó explícitamente a quienes promuevan hechos de violencia.

La presión sindical y el trasfondo económico

La crisis social se profundizó luego de una serie de medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Bolivia agotó el año pasado sus reservas de dólares destinadas a sostener subsidios a los combustibles y, poco después de asumir, Paz decidió eliminarlos.

La medida provocó una fuerte suba de precios y derivó además en la venta de combustible contaminado en estaciones de servicio, situación que dañó miles de vehículos y generó un profundo malestar entre transportistas y usuarios. La población comenzó a denominar al producto como "gasolina basura".

En paralelo, la inflación alcanzó el 20% en 2025 y amplificó el malestar social. Las protestas comenzaron a expandirse con la participación de maestros, obreros y mineros, en un movimiento que carece de una conducción unificada, pero que logró extender las movilizaciones en distintas regiones del país.

La poderosa Central Obrera Boliviana reclamó un aumento salarial equivalente a la inflación anual y exigió mejoras previsionales para los docentes. Sin quedar conforme con los anuncios presidenciales, la organización convocó este jueves a una "gran marcha" que partió desde la ciudad de El Alto hacia el centro paceño.

Desde la central sindical confirmaron que las movilizaciones continuarán y ratificaron sus cuestionamientos al Gobierno y a las medidas anunciadas por Paz.

El rol de Evo Morales

Mientras intenta contener la crisis, el Gobierno acusa directamente a Evo Morales de impulsar las protestas y señala además que el narcotráfico estaría financiando parte de las movilizaciones. Morales permanece en su bastión cocalero en el centro de Bolivia mientras evita una orden de detención vinculada al presunto abuso de una menor durante su presidencia. La semana pasada el ex mandatario no se presentó al inicio del juicio en su contra, situación que derivó en una declaración de rebeldía y en una segunda orden de arresto.

En este contexto de alta fragilidad política y social, distintos observadores consideran que el próximo fin de semana será determinante para evaluar si el Gobierno logra encauzar el conflicto mediante el diálogo o si la crisis ingresa en una etapa aún más compleja.

Jimena Costa sostuvo que, pese a la gravedad del escenario, no cree que el gobierno de Paz esté actualmente en riesgo inmediato. Sin embargo, advirtió que el margen de maniobra es reducido y que las decisiones deben implementarse rápidamente. "El cambio de gabinete tiene que ser de manera inmediata, y que ese consejo esté funcionando para el fin de semana. El consejo no resuelve la crisis, pero va a canalizar las demandas", explicó la analista.

Con rutas bloqueadas, hospitales afectados, protestas crecientes y una economía golpeada por la inflación y la escasez, Bolivia transita horas decisivas en medio de una crisis cuya resolución todavía aparece cargada de incertidumbre.