El juez haitiano a cargo de investigar el crimen del presidente de ese país Jovenel Moise, asesinado en julio de 2021, renunció en las últimas horas a seguir al frente de la causa al argumentar que el expediente en curso es un "desorden" y un día después de que una ONG lo denunciara por corrupción.

El magistrado Gary Orelien alegó motivos de "conveniencia personal" para dimitir de la investigación que asumió tras la renuncia también de otro juez, Mathieu Chanlatte, el 14 de agosto pasado.

Orelien había sido denunciado esta semana de cobrar sobornos para liberar a cuatro policías acusados de participar del magnicidio, acusaciones que el magistrado calificó de "falsas" e "infundadas".

Asimismo, sugirió que la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), la ONG que realizó las acusaciones en su contra, es una organización “criminal”.

En medio de esta situación Estados Unidos asumió un papel cada vez más importante en la investigación del crimen.

La Justicia estadounidense interviene en la causa porque su ley contempla que una persona puede enfrentar cargos criminales si conspira dentro de su territorio para cometer asesinato o secuestro fuera del país.

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien tras los hechos ocurridos en julio se encuentra en solitario al mando del país, es objeto de críticas y acusaciones, especialmente por la RNDDH que lo vincula con el asesinato.

Henry reafirmó el viernes su intención de permanecer en el cargo hasta que se celebren nuevas elecciones, rechazando los reclamos de algunas plataformas políticas que demandan su salida el próximo 7 de febrero y la instauración de un Gobierno de transición.

Desde el magnicidio de Jovenel Moise el pasado 7 de julio, la siempre convulsa situación política y económica de Haití se vio aún más golpeada.