La crisis política en Paraguay sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que el Senado rechazara los argumentos presentados por los abogados del presidente Santiago Peña y resolviera avanzar con el juicio político en su contra. La decisión se produjo en el ámbito del Congreso, donde el mandatario fue convocado para defenderse frente a las acusaciones formuladas por la comisión de fiscales acusadores de la Cámara de Diputados.

En una votación electrónica, los 41 senadores presentes aprobaron por unanimidad la incorporación de las pruebas presentadas por los fiscales acusadores. No hubo votos en contra, por lo que el tribunal parlamentario admitió el material probatorio y habilitó la continuidad del procedimiento.

La resolución representó un revés para la estrategia de la defensa presidencial, que había objetado las pruebas ofrecidas y cuestionado su presunta falta de rigor. Sin embargo, los planteos de los representantes legales de Peña fueron desestimados por el tribunal parlamentario, que resolvió continuar con el trámite hacia su etapa final.

El proceso seguirá ahora con la presentación de los alegatos finales, instancia en la que tanto los fiscales acusadores como los abogados defensores expondrán sus argumentos antes de que los senadores pasen a la deliberación y posterior votación de la sentencia definitiva.

Un cuarto intermedio antes de los alegatos finales

En el desarrollo de la sesión, el presidente del Senado dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos, tras el cual se retomará el procedimiento con la exposición de los alegatos de ambas partes.

La instancia constituye uno de los momentos centrales del juicio político, debido a que permitirá a los acusadores y a la defensa presentar sus conclusiones frente al tribunal parlamentario.

Una vez finalizadas las exposiciones, la sesión continuará con la deliberación de los senadores y la posterior votación de la sentencia definitiva contra Santiago Peña.

El cronograma establecido por el Congreso paraguayo contempla, de esta manera, una secuencia que comprende la admisión de las pruebas, los alegatos finales y la resolución del proceso. La incorporación del material probatorio ya fue aprobada por unanimidad, mientras que las objeciones planteadas por los abogados del presidente no lograron frenar el avance del procedimiento.

Ricardo Preda cuestionó los plazos y la falta de pruebas

Durante la exposición de la defensa técnica, el abogado Ricardo Preda, integrante del equipo jurídico de Santiago Peña, cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el juicio político y denunció presuntas violaciones al debido proceso.

Preda sostuvo que existen "violaciones básicas del debido proceso, entre ellas el plazo", y puso el foco en el tiempo disponible para que la defensa pueda analizar la acusación y preparar sus argumentos.

En ese sentido, hizo referencia a un pronunciamiento de la Corte Interamericana y cuestionó la brevedad de los plazos establecidos en el procedimiento paraguayo.

"Si la Corte Interamericana dijo que dos días hábiles no eran suficientes, ¿imaginen qué diría ahora?", preguntó el abogado, al tiempo que manifestó que sería necesario leer con detenimiento la acusación.

El representante legal también se refirió a la situación de una entidad bancaria y a las consecuencias que habría generado su crisis. En ese contexto, reconoció que "claramente hubo crisis de un banco" y sostuvo que los damnificados tienen que recibir respuestas. Sin embargo, volvió a cuestionar el contenido de la acusación presentada contra el mandatario y aseguró que no contiene elementos probatorios suficientes.

"Este libelo no trae ninguna prueba. Recórranlo buscando elementos. No hay", manifestó Preda, en una crítica directa al material presentado por los fiscales acusadores. Sus declaraciones se centraron en dos aspectos de la estrategia defensiva: por un lado, las condiciones procesales en las que se desarrolla el juicio político y, por otro, la presunta ausencia de pruebas que sustenten las acusaciones contra Peña.

Adolfo Ferreiro reclamó el derecho a una legítima defensa

Al comenzar la exposición de la defensa técnica, el abogado Adolfo Ferreiro sostuvo que toda persona sometida a un juicio político posee el derecho constitucional a una legítima defensa.

El letrado señaló que asumió la representación del presidente paraguayo con un plazo muy limitado y sin contar con un conocimiento completo del expediente, debido a los tiempos establecidos por la Cámara Alta. Su planteo apuntó a las condiciones en las que debió incorporarse al proceso y a las dificultades que, según sostuvo, enfrentó para analizar la documentación y preparar la defensa del mandatario.

Ferreiro también cuestionó la continuidad del juicio político a partir de la renuncia presentada por Peña. Para fundamentar su posición, recordó el antecedente del juicio político contra el exministro de la Corte Suprema de Justicia Felipe Paredes, caso en el que se admitió la renuncia para cerrar el procedimiento.

A partir de esa referencia, el abogado sostuvo que no resulta razonable juzgar a una persona que ya dejó el cargo que habilitaba su sometimiento al juicio político. "El requisito para el juicio político es ser funcionario. Cesa cuando el funcionario renuncia", manifestó Ferreiro, en alusión a la dimisión presentada por Santiago Peña el día anterior.

El representante legal buscó establecer una relación directa entre la renuncia del mandatario y la continuidad del proceso parlamentario, al considerar que la salida del cargo debería impedir que el juicio político siga adelante.

La defensa apeló al antecedente de Felipe Paredes

El planteo de Ferreiro incorporó una referencia específica a un caso anterior dentro de la Justicia paraguaya. El abogado recordó que, durante el juicio político contra el exministro de la Corte Suprema Felipe Paredes, se aceptó su renuncia y se procedió al cierre del proceso.

La mención de ese antecedente constituyó uno de los argumentos centrales de la defensa para reclamar la nulidad del procedimiento contra Peña. En su exposición, Ferreiro insistió en que el juicio político tiene como requisito que la persona sometida al proceso conserve la condición de funcionario. Desde esa perspectiva, la renuncia presentada por el presidente el día anterior debería modificar la situación procesal.

Para reforzar su argumento, el abogado utilizó una comparación: "Es como demandar a un señor que ya te pagó". La frase sintetizó la posición de la defensa respecto de la continuidad del juicio político, al sostener que no correspondería avanzar con el juzgamiento de quien ya dejó el cargo.

El Congreso se encamina a votar la sentencia definitiva

Pese a los planteos de los abogados Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro, el Senado resolvió admitir las pruebas presentadas por los fiscales acusadores y desestimó las objeciones formuladas por la defensa.

El procedimiento continuará con los alegatos finales, la deliberación parlamentaria y la votación de la sentencia definitiva. Los principales puntos que marcaron esta etapa del juicio político son:

41 senadores presentes: todos votaron a favor de incorporar las pruebas.

Unanimidad: no hubo votos en contra de la admisión del material probatorio.

Cuarto intermedio: el presidente del Senado dispuso una pausa de 45 minutos.

Defensa presidencial: Ricardo Preda y Adolfo Ferreiro cuestionaron los plazos, las pruebas y la continuidad del proceso.

Renuncia de Santiago Peña: presentada el día anterior, fue utilizada por Ferreiro como argumento para reclamar el cierre del juicio.

Etapa final: los fiscales acusadores y la defensa presentarán sus alegatos antes de la deliberación y votación de la sentencia.

La crisis política paraguaya entra así en una instancia decisiva. Mientras la defensa insiste en la nulidad del procedimiento y en el efecto de la renuncia presidencial, el Senado mantiene el avance del juicio político y se prepara para resolver la sentencia definitiva en el ámbito del Congreso.