Este lunes, el pleno de la Knéset, el parlamento israelí, aprobó una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista. La votación cerró con 62 votos a favor y 48 en contra, marcando un hito en la legislación israelí al introducir un castigo capital que, según organizaciones de derechos humanos, será aplicado prácticamente solo a palestinos residentes en Cisjordania y no a ciudadanos judíos israelíes.

El texto obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena de muerte a los palestinos residentes en la Cisjordania ocupada que sean encontrados culpables de asesinato terrorista, salvo excepciones poco claras. Por otro lado, los tribunales ordinarios, que juzgan a los ciudadanos israelíes, pueden optar por la cadena perpetua y deben cumplir condiciones adicionales para aplicar la pena de muerte.

El proyecto fue promovido por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, reconocido por su postura ultranacionalista. El primer ministro Benjamín Netanyahu asistió a la votación en el plenario y votó a favor de la reforma, respaldando públicamente la medida.

Declaraciones de los protagonistas

En un comunicado oficial, Itamar Ben Gvir afirmó:

"Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas; ahora toca una decisión clara. Quien elige el terrorismo, elige la muerte".

En contraste, Matti Sarfatti, diputado del partido opositor Yesh Atid (Hay Futuro), calificó la ley como:

"populista, inmoral, no igualitaria" y "claramente inconstitucional".

Contornos legales de la reforma

La reforma, resultado de casi 12 horas de debate, establece que la pena de muerte por ahorcamiento será el castigo por defecto para los palestinos condenados por actos terroristas en tribunales militares. Los jueces podrían optar por la cadena perpetua en circunstancias especiales, aunque estas están vagamente definidas, dejando amplia discrecionalidad en la aplicación.

El texto deja explícito que la ley no se aplicará retroactivamente, incluso a los autores de los atentados del 7 de octubre, para los que se tramita un proyecto de ley aparte.

Asimismo, la norma consagra de facto la pena de muerte exclusivamente para los palestinos, ya que excluye a ciudadanos o residentes israelíes. Solo los palestinos son juzgados en tribunales militares, mientras que los israelíes son procesados en tribunales civiles.

Una disposición adicional permite a los tribunales imponer la pena de muerte a cualquier persona, incluidos los ciudadanos israelíes, pero únicamente si "causan intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel", lo que en la práctica excluye a los terroristas judíos.

Repercusiones y controversia

La aprobación de esta ley marca un cambio significativo en la política penal israelí y ha generado un fuerte debate sobre discriminación, derechos humanos y constitucionalidad. La exclusión explícita de los ciudadanos israelíes y la obligatoriedad de la pena capital para los palestinos podrían intensificar las críticas internacionales y complicar las relaciones con organizaciones defensoras de derechos humanos.

La medida también plantea preguntas sobre la proporcionalidad del castigo y la justicia selectiva, dado que los tribunales militares aplicarán automáticamente la ejecución mientras que los tribunales civiles podrán limitarse a la cadena perpetua. La ley refleja, además, la influencia política de sectores ultranacionalistas dentro del gobierno de Netanyahu y la prioridad que se otorga a la seguridad frente a criterios de igualdad ante la ley.