La crisis derivada de los bloqueos en Bolivia sumó una nueva víctima en la ciudad de El Alto. Se trata de un chofer que permaneció varado durante 32 días mientras intentaba retornar desde Perú con mercadería, actividad que constituía el sustento económico de su hogar y de sus tres hijos.

Según relató su esposa, Zulema Ramos, el transportista había viajado a territorio peruano para realizar labores comerciales habituales. Sin embargo, el cierre de carreteras le impidió regresar, obligándolo a permanecer durante semanas en condiciones extremadamente adversas.

De acuerdo con su testimonio, el hombre soportó durante más de un mes las bajas temperaturas características de la región, además de enfrentar dificultades para acceder a alimentos y atención médica. Estas condiciones deterioraron progresivamente su estado de salud hasta derivar en su fallecimiento.

Ramos explicó que en reiteradas oportunidades intentó convencerlo de abandonar el vehículo y regresar a casa. No obstante, el transportista se negó por temor a perder tanto el camión como la mercadería que transportaba.

"Le dije que dejara el auto en un estacionamiento y se viniera, pero no quería abandonar el vehículo ni la mercadería", relató.

Cuando su condición física se agravó, los familiares organizaron un intento de rescate. Según la versión de la familia, uno de sus hermanos logró llegar hasta el lugar donde permanecía aislado para trasladarlo a un centro médico. Sin embargo, la ayuda llegó demasiado tarde y el transportista falleció, según el reporte difundido por el diario boliviano La Razón.

Seis fallecidos vinculados a los bloqueos

Con este último caso, el número de personas fallecidas en circunstancias relacionadas con las movilizaciones y bloqueos ascendió a seis, según información proporcionada por el Ministerio de Salud de Bolivia.

Las víctimas registradas son:

• Anna Enns, de 56 años, nacida en Belice y nacionalizada boliviana, quien se descompensó mientras retornaba desde Perú por Desaguadero.
• Nelly Villanueva Medina, de 40 años, fallecida tras complicaciones derivadas de una insuficiencia renal crónica y edema pulmonar.
• Un joven de 20 años que murió en El Alto luego de permanecer varias horas sin acceder a atención médica.
• Un niño de 12 años que perdió la vida durante su traslado desde Llallagua hacia la ciudad de Potosí.
• Una mujer de 24 años, paciente oncológica de Oruro, fallecida mientras era trasladada a La Paz.
• El transportista fallecido en El Alto, quien permaneció 32 días varado en una carretera.

Los casos reflejan un patrón común: las dificultades para acceder a servicios médicos oportunos en un contexto marcado por restricciones de circulación y prolongados cortes de rutas.

Impacto sobre el sistema sanitario y la producción de medicamentos

Más allá de las consecuencias directas sobre las personas afectadas por los bloqueos, la situación también ha generado una creciente preocupación en el sector de la salud.

Los cortes de carreteras durante más de 33 días comprometieron severamente la capacidad de producción nacional de medicamentos e insumos considerados esenciales, entre ellos el oxígeno medicinal.

La Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifabol) advirtió que las restricciones están afectando el abastecimiento y poniendo en riesgo la continuidad de tratamientos para miles de pacientes en todo el país.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la entidad, Javier Lupo, expresó la gravedad del escenario y alertó sobre las consecuencias que podrían producirse si la situación persiste.

"La situación ya es insostenible. Nos preocupa el sufrimiento de las familias que esperan medicamentos para continuar sus tratamientos. También la situación de los establecimientos de salud de alta capacidad resolutiva que están declarados en crisis por no poder atender a sus pacientes. Día que pasa se prolongan e incrementan estas restricciones. Esto aumenta el riesgo para la salud y la vida de miles de bolivianos", afirmó.

Las declaraciones reflejan la preocupación de un sector que observa cómo la interrupción de las cadenas logísticas impacta tanto en la fabricación como en la distribución de medicamentos e insumos médicos esenciales.

El llamado a "humanizar" las protestas

Ante el agravamiento de la situación, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los sectores movilizados adoptar medidas que permitan proteger a la población más vulnerable.

Callisaya exhortó a facilitar el tránsito por los puntos de bloqueo para el transporte de insumos médicos, alimentos y personas que requieren atención sanitaria urgente. Asimismo, pidió garantizar el paso de personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

"Ninguna petición o postura política, sectorial o de cualquier otra naturaleza puede justificar atentados o limitaciones al derecho a la vida y a la integridad de las personas. Tenemos que humanizar nuestro nivel de actuación por la responsabilidad que tenemos con toda la sociedad", sostuvo en una nota de prensa difundida por la agencia ABI.

El Defensor del Pueblo también hizo referencia específica a la situación de los transportistas que permanecen aislados en las carreteras desde hace semanas.

"En este momento enfrentamos una situación muy lacerante en relación con los transportistas que durante todo este mes permanecen en las carreteras, carentes de alimentación y asistencia médica. En varios casos, debido al aislamiento, atraviesan una situación sumamente lamentable", señaló.

Una crisis que profundiza sus consecuencias

A 33 días del inicio de los bloqueos en el occidente boliviano, las consecuencias trascienden el ámbito de la protesta y alcanzan dimensiones humanitarias, sanitarias y sociales cada vez más profundas. La muerte del transportista de El Alto simboliza el drama de quienes han permanecido atrapados durante semanas lejos de sus hogares, enfrentando la falta de alimentos, las inclemencias climáticas y la ausencia de atención médica.

Mientras el número de víctimas aumenta y los establecimientos de salud advierten sobre crecientes dificultades para atender a los pacientes, las voces de familiares, autoridades sanitarias, representantes de la industria farmacéutica y organismos de derechos humanos coinciden en una preocupación central: la necesidad de garantizar condiciones mínimas que preserven la vida y la integridad de las personas en medio de una crisis que continúa sin resolverse.