La investigación judicial vinculada a la lujosa mansión de Pilar atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino volvió a sumar un nuevo capítulo judicial luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara el envío de la causa al juzgado federal de Campana y ordenara que el conflicto de competencia sea nuevamente definido.
La decisión fue adoptada por mayoría por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar a un planteo impulsado por la fiscalía y resolvió que el futuro del expediente deberá ser definido por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo representa un nuevo giro en una causa que ya pasó por tres juzgados distintos y que continúa atravesada por disputas sobre qué tribunal debe quedar finalmente a cargo de la investigación.
Una investigación y las competencias
La causa gira en torno a una casaquinta ubicada en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, cuya adquisición es investigada bajo la sospecha de que habría sido realizada por presuntos testaferros vinculados a autoridades de la AFA.
Según la investigación, la sociedad Real Central, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, habría comprado la propiedad —escriturada en 1,8 millones de dólares— en beneficio de dirigentes de la entidad que conduce Claudio Tapia, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino.
La pesquisa también incluye una importante flota de autos de colección encontrada durante un allanamiento realizado en el predio, el cual además cuenta con:
- Helipuerto.
- Caballerizas.
- Galpones con vehículos de colección.
La investigación busca determinar si tanto la propiedad como otros bienes encontrados pertenecen realmente a dirigentes de la AFA.
La decisión de Casación
La Sala I de Casación resolvió por mayoría anular la decisión adoptada por la Cámara Federal de San Martín, que en enero había dispuesto enviar el expediente al juzgado federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay.
Hasta que exista una nueva resolución judicial, el magistrado continuará al frente de la investigación. La mayoría estuvo integrada por los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo, quienes consideraron que el conflicto debía haber sido tratado por la Cámara Nacional en lo Penal Económico y no por la Cámara Federal de San Martín.
Los magistrados hicieron lugar al planteo formulado por el fiscal ante Casación, Mario Villar.
El debate sobre el "juez natural"
El fallo sostuvo que el tribunal de San Martín no tenía jurisdicción para resolver el conflicto de competencia originado por un planteo presentado por Luciano Pantano, quien había solicitado que el expediente tramitara en Campana.
La jueza Ledesma señaló que:
- Las cuestiones de competencia entre jueces federales de primera instancia deben ser resueltas por la Cámara de Apelaciones de la que dependa el juez que previno en la causa.
- Apartarse de esas reglas compromete la garantía del juez natural establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
En la misma línea, Carbajo remarcó que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no tenía jurisdicción para intervenir en el conflicto positivo de competencia entre el juzgado federal de Campana y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10. El magistrado sostuvo además que la causa ya estaba radicada en el fuero penal económico cuando Pantano promovió la inhibitoria ante Campana y enfatizó que ese tribunal constituía el denominado "juez que previno".
La disidencia de Mariano Borinsky
El juez Mariano Borinsky votó en disidencia respecto de la admisibilidad del recurso presentado por la fiscalía. Borinsky sostuvo que el planteo debía ser declarado inadmisible porque no se trataba de una sentencia definitiva ni equiparable a tal, y consideró que no existía una cuestión federal suficiente que habilitara la intervención de Casación.
Además, señaló que no se había demostrado "acabadamente una afectación sustancial a la garantía del juez natural".
El magistrado también advirtió sobre un "excesivo rigor formal en desmedro de una eficiente administración de justicia", situación que —según indicó— derivó en una "solución dilatoria que atenta contra los principios de economía y celeridad procesal".
Sin embargo, Borinsky sí acompañó el criterio de que la nueva definición sobre el conflicto sea adoptada de manera colegiada y con celeridad por la Cámara Nacional en lo Penal Económico.
Un expediente que sigue abierto
La nueva resolución prolonga las idas y vueltas judiciales de una investigación que continúa sin una definición firme sobre el tribunal competente para llevar adelante el expediente. La Cámara Nacional en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deberá ahora resolver nuevamente el conflicto de competencia.
Los mismos magistrados analizan actualmente otra causa vinculada a la AFA, relacionada con supuestas retenciones indebidas de aportes de seguridad social e impositivos que involucran a Tapia, Toviggino y a la propia asociación.
Con esta nueva decisión de Casación, el expediente por la mansión de Pilar suma otro episodio en una trama judicial marcada por disputas de competencia, cambios de jurisdicción y debates sobre la intervención de distintos fueros en una causa que sigue bajo investigación.
