El financista catamarqueño, Edgar Adhemar Bacchiani, apodado el "trader god", fue condenado a nueve años de prisión por la Cámara en lo Criminal N°10 de Córdoba por múltiples maniobras fraudulentas cometidas entre 2020 y 2022. La sentencia incluye medidas que impactan directamente en la causa por quiebra que se tramita en Catamarca, al ordenar que se informen al Juzgado Comercial a cargo de la jueza María Virginia Cano los acuerdos extrajudiciales que Bacchiani cerró con inversores de esa provincia.
La decisión del tribunal —integrado por los jueces Carlos Palacio Laje, Juan José Rojas Moresi y Mario Centeno— establece que se remita una copia de la sentencia y los antecedentes sobre cinco acuerdos compensatorios con inversores cordobeses, con el fin de evaluar su impacto en el proceso de quiebra que involucra al financista.
Impacto judicial en Catamarca y decomiso de bienes
El fallo ordena además que, una vez realizada la distribución final de fondos, el remanente de los bienes decomisados sea puesto a disposición del Juzgado de Cano, con notificación al síndico Walter Javier Andrada. La medida apunta a centralizar la información y facilitar la administración de los activos aún disponibles, tras un perjuicio calculado en 378 millones de pesos y 1,3 millones de dólares.
En paralelo, se autorizó que todos los dispositivos electrónicos secuestrados en la causa sean puestos a disposición de la Fiscalía de Instrucción 27° de Córdoba, a cargo de Valeria Rissi, quien lideró la investigación penal que culminó en la condena.
En los fundamentos de la condena, el juez Palacios Laje subrayó que Bacchiani confesó los hechos, pero no mostró arrepentimiento alguno. Destacó que el financista actuó con un "ánimo de lucro ilegítimo", movido por la intención de obtener un beneficio económico sin necesidad real, y que su accionar fue reiterado, planificado y carente de empatía.
Se hizo hincapié en la alta peligrosidad del condenado, su capacidad para diseñar y ejecutar maniobras ardidosas, así como en la ausencia total de consideración por las víctimas. El fallo también obliga al pago de una tasa de justicia de $7.599.000.
