Luego de ocho años de proceso judicial y dos condenas que fueron anuladas, este jueves el tribunal volvió a expedirse sobre la denominada Caso INTA y confirmó, por mayoría, la condena de 10 años de prisión para los dos acusados.
La resolución fue adoptada con los votos de Miguel Lozano y Silvio Martoccia, quienes declararon culpables a Gabriel Leiva y Emanuel Agüero por el delito de abuso sexual con acceso carnal, imponiéndoles nuevamente la pena de 10 años por los hechos por los que venían siendo incriminados.
En disidencia se pronunció el juez Luis Guillamondegui, quien sostuvo la absolución de los acusados por la duda. La decisión se produce después de un extenso recorrido judicial, atravesado por recursos, revisiones y anulaciones de sentencias anteriores. La causa se inició en 2018 y tuvo como denunciante a una joven identificada como Agustina, quien señaló que había sido engañada cuando buscaba trabajo.
Esta resolución se conoció luego que las partes tuvieran la posibilidad de formular sus últimas palabras antes de que los jueces dieran a conocer el veredicto. Vale indicar que previamente, la defensa de uno de los acusados había solicitado la absolución de su defendido. Así lo hizo saber el Dr.Luciano Rojas, quien marcó que Emanuel Aguero cuestionó distintos aspecto del proceso y sostenido que, a su criterio, no existían condiciones para arribar a una condena.
En tanto, los condenados permanecerán libres hasta que quede firme la condena. Y en este sentido, el defenso de Aguero ya adelantó que presentará un recurso de casación ante la Corte de Justicia.
La denuncia y los hechos investigados
Según la denuncia realizada en 2018, Agustina se encontraba buscando trabajo cuando habría sido engañada por Gabriel Leiva y Emanuel Agüero. De acuerdo con su relato, ambos la habrían llevado hasta la casa de un familiar de uno de ellos, ubicada en el barrio INTA, en Valle Viejo, donde habría ocurrido el abuso.
El caso avanzó durante los años siguientes hasta llegar a juicio. En 2023, la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación condenó a ambos hombres a 10 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado.
Sin embargo, aquella sentencia no quedó firme. Las defensas de los imputados interpusieron un recurso de casación, por lo que el proceso continuó en instancias superiores mientras los acusados permanecieron en libertad.
El recorrido posterior estuvo marcado por las decisiones adoptadas en torno a la validez de las sentencias y las garantías procesales involucradas.
Las anulaciones y el debate sobre las garantías procesales
La nulidad de las sentencias anteriores no implicó un pronunciamiento sobre la inocencia de los imputados. La Sala Penal hizo lugar al recurso de casación presentado por la defensa y anuló la sentencia por cuestiones vinculadas con las garantías del debido proceso.
En una primera revisión, el máximo tribunal había advertido deficiencias relacionadas con la fundamentación del fallo. Posteriormente, al analizar el segundo pronunciamiento, detectó una afectación a la garantía de imparcialidad, debido a que habían intervenido magistrados que ya se habían pronunciado anteriormente en el caso.
A partir de esa situación, se ordenó que un tribunal con una integración diferente emitiera una nueva resolución. El recorrido judicial quedó así atravesado por una tensión central: por un lado, la continuidad de las acusaciones y las condenas dictadas contra los imputados; por otro, los planteos de las defensas respecto de las garantías que deben regir el proceso penal.
Una de las defensas sostuvo que las sucesivas anulaciones demuestran que corresponde la absolución de los imputados. Según ese planteo, la primera nulidad estuvo relacionada con la falta de valoración de prueba de descargo y con contradicciones señaladas en el relato de la denunciante.
Una condena que vuelve a ser confirmada
Con el pronunciamiento conocido este jueves, el tribunal integrado para resolver nuevamente la causa confirmó por mayoría la condena de 10 años para Gabriel Leiva y Emanuel Agüero.
La nueva resolución vuelve a colocar en el centro del debate un expediente que lleva ocho años de recorrido judicial, con una víctima que reclamó durante todo ese tiempo una definición y con defensas que cuestionaron las decisiones anteriores sobre la base de las garantías del debido proceso.
Desde la defensa de uno de los acusados, que sostiene la nulidad de esta parte del proceso, ya adelantó que apelará y nuevamente la condena podría quedar en suspensó hasta que lo hecho sea confirmado por la máxima instancia judicial.
