El llamado caso INTA, originado en un doble abuso sexual ocurrido en julio de 2018, volverá a tener una instancia judicial el próximo martes 15 de septiembre, luego de que la audiencia prevista para la semana pasada fuera postergada y finalmente reprogramada.
La nueva fecha genera expectativa entre quienes acompañan a la víctima, debido a que el juicio se concretó en 2023 y, a la fecha, continúa sin contar con una resolución definitiva. El expediente, que lleva ocho años desde el hecho que dio origen a la causa, todavía espera una sentencia firme.
Desde la querella aguardan que la audiencia del martes permita avanzar finalmente hacia una definición. Así lo expresó Virginia Nieva Miguel, quien acompaña a la víctima, al referirse a las expectativas que existen respecto de la próxima instancia judicial. El jueves pasado, además, familiares y amigos de la joven abusada se manifestaron frente a la Cámara de Sentencia, en el marco de un reclamo vinculado con la demora en la resolución del caso.
La expectativa por la audiencia
Virginia Nieva Miguel señaló a La Unión que existe una fuerte expectativa respecto de que la audiencia prevista para el martes pueda concretarse sin nuevas modificaciones. Según explicó, esperan que esta vez quede fijada la audiencia y pueda confirmarse la sentencia de diez años contra los dos acusados. En ese marco, indicó que durante la jornada volverán a producirse los alegatos y que, si no se presentan nuevos cambios o suspensiones, ese mismo día podría confirmarse la sentencia que había sido dictada en 2023.
La expectativa de la querella está puesta, por lo tanto, en que la nueva fecha se mantenga y permita cerrar una etapa de un proceso que ha atravesado distintas instancias y que continúa abierto desde el hecho ocurrido en 2018.
En sus declaraciones, Virginia expresó: "Muchas expectativas de que esta vez, este próximo martes quede la audiencia fija y también la sentencia de diez años contra los dos acusados. Allí se van a volver a darse los alegatos y si de no haber más cambios o suspensiones, ese mismo día se confirmaría la sentencia dada en el 2023".
La posibilidad de que nuevamente se suspenda la audiencia constituye uno de los principales puntos de preocupación para quienes acompañan a la víctima, debido al tiempo transcurrido desde el hecho y a que todavía no existe una resolución definitiva.
La víctima pidió garantías
Otro de los aspectos señalados por Virginia Nieva Miguel tiene que ver con el contacto que la propia víctima mantuvo la semana pasada con los secretarios de la Cámara. De acuerdo con lo explicado, la joven habló con ellos con el objetivo de que pudieran asegurarle que la audiencia no volverá a ser suspendida. La víctima mantiene la expectativa de que el proceso pueda avanzar y dejar atrás las sucesivas demoras que han impedido alcanzar una definición definitiva.
Virginia sostuvo que la joven confía en que el proceso no continuará dilatándose y que está previsto que brinde su testimonio durante la audiencia del martes.
En ese sentido, expresó: "Ella confía que esto no se va seguir dilatando y está previsto que ella de su testimonio ese día. Esas son las expectativas que nosotros tenemos para que no se siga dilatando y siga pasando tanto tiempo una víctima esperando una respuesta".
La declaración pone el foco en uno de los aspectos centrales que atraviesa actualmente la causa: el paso del tiempo y la espera de la víctima por una resolución judicial definitiva.
Por qué fue reprogramada la audiencia
La nueva fecha fue establecida por la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación, luego de analizar un recurso de reposición presentado por los defensores de los acusados, Dres. Luciano Rojas y Pablo Rivera.
La presentación de los defensores derivó en la postergación de la audiencia que había sido fijada para el jueves pasado. Luego del análisis correspondiente, la Cámara determinó la reprogramación para el martes 15 de septiembre. De esta manera, la instancia prevista para la semana próxima se incorpora a una sucesión de decisiones y reprogramaciones que han marcado el recorrido judicial del expediente.
Ocho años sin definición
La causa tiene su origen en un hecho ocurrido en julio de 2018. Ocho años después, el expediente continúa sin una sentencia firme, pese a que en 2023 se había producido una primera definición judicial. Ese año, Emanuel Agüero y Gabriel Leiva fueron declarados culpables y condenados a 10 años de prisión. Sin embargo, aquella sentencia posteriormente fue anulada en dos oportunidades por la Corte de Justicia, por distintos motivos.
Las anulaciones modificaron el curso del proceso y obligaron a establecer nuevas instancias para alcanzar una definición. En ese contexto, se había fijado para el jueves pasado una nueva audiencia cuyo objetivo era dictar sentencia.
Pero esa audiencia tampoco llegó a concretarse y terminó siendo reprogramada para el martes 15 de septiembre. La nueva fecha se presenta así como otra instancia dentro de un expediente que, desde el hecho ocurrido en 2018, atravesó el juicio de 2023, una condena de diez años para los dos acusados y posteriores anulaciones de aquella sentencia por parte de la Corte de Justicia.
