El caso que involucra al sacerdote Renato Rasgido, condenado a 15 años de prisión por delitos contra la integridad sexual de un menor, volvió a quedar bajo análisis de la Justicia a partir del planteo presentado para que se deje sin efecto la prisión domiciliaria que le fue concedida de manera provisoria.

El abogado de la querella, Jaime Morales, confirmó que se solicitó la anulación del beneficio otorgado al sacerdote condenado. El planteo fue realizado ante la Corte de Justicia, organismo que ahora deberá resolver los recursos presentados contra la decisión adoptada por el juez de Ejecución Penal Eugenio Acs Acuña.

La resolución cuestionada había dispuesto que Rasgido cumpliera la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud. Frente a esa decisión, la querella planteó reparos y pidió que el beneficio sea dejado sin efecto.

El planteo coloca nuevamente en el centro de la discusión las condiciones en las que el condenado debe cumplir la pena y, particularmente, la evaluación médica que derivó en la decisión de otorgarle provisoriamente la prisión domiciliaria.

Control de las condiciones de salud

Uno de los puntos señalados por el abogado de la querella está relacionado con la posibilidad de establecer, mediante un organismo de control propio, si efectivamente Rasgido se encuentra en condiciones de cumplir la condena bajo la modalidad domiciliaria.

Morales cuestionó la medida adoptada y sostuvo que la querella no pudo establecer mediante un organismo de control propio las condiciones en las que se encuentra el condenado y si esas condiciones justifican que la pena sea cumplida fuera del Servicio Penitenciario Provincial.

La discusión se vincula directamente con los fundamentos utilizados para disponer la prisión domiciliaria temporaria. La medida había sido adoptada luego de que el juez de Ejecución Penal recibiera un informe elaborado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense, que hizo referencia al estado de salud de Rasgido y a la necesidad de una asistencia sanitaria que, de acuerdo con ese informe, el Servicio Penitenciario Provincial no estaba en condiciones de brindar.

De esta manera, el estado de salud del condenado constituye uno de los elementos centrales sobre los cuales deberá pronunciarse la Justicia al analizar los planteos presentados contra la decisión de Acs Acuña.

Una condena firme de 15 años

Renato Rasgido cumple una condena firme de 15 años de prisión por cuatro hechos vinculados con delitos contra la integridad sexual de un menor. La condena comprende:

• Dos hechos de abuso sexual simple.
• Dos hechos de abuso sexual con acceso carnal.
• Los delitos fueron agravados por su condición de ministro de culto.
• La pena impuesta es de 15 años de prisión y se encuentra firme.

Sobre esa condena se había dispuesto el cumplimiento de la pena en prisión. Sin embargo, en julio de este año, el juez de Ejecución Penal Eugenio Acs Acuña resolvió otorgar de manera temporaria el beneficio de prisión domiciliaria a partir de la situación sanitaria informada en el expediente.

La decisión se produjo después de recibir el informe del Cuerpo Interdisciplinario Forense, que indicó que el estado de salud de Rasgido requería una asistencia sanitaria que el Servicio Penitenciario Provincial no podía brindar.

El pedido del Ministerio Público Fiscal

El cuestionamiento a la resolución judicial no fue planteado únicamente desde la querella. El Ministerio Público Fiscal también solicitó que se declare la nulidad de la resolución mediante la cual se había dispuesto la prisión domiciliaria temporaria. Además, el Ministerio Público Fiscal pidió que se realice una nueva junta médica con intervención de las partes, con el objetivo de contar con una nueva evaluación dentro del proceso.

La querella acompañó ese planteo y solicitó, en consecuencia, que la decisión que otorgó el beneficio sea anulada.

El pedido de una nueva junta médica aparece así como uno de los elementos centrales de la presentación realizada ante la Justicia. La discusión no se limita al beneficio concedido, sino que también alcanza a la necesidad de contar con una nueva evaluación médica en la que puedan intervenir las partes.