La causa judicial se inició tras la denuncia presentada por la damnificada, quien alertó a las autoridades sobre un uso irregular de su tarjeta de crédito. La Fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, titular de la Secretaría Especializada en Ciberdelitos, quedó a cargo de la investigación penal preparatoria.
Durante las primeras etapas del proceso, la fiscal incorporó múltiples elementos probatorios que permitieron delinear los hechos y establecer responsabilidades. Entre estos elementos se encuentran:
- Declaraciones testimoniales de personas vinculadas con la víctima y la acusada.
- Respuestas de empresas comerciales y de telefonía, esenciales para rastrear operaciones y comunicaciones.
- Informes técnicos que detallan la actividad electrónica vinculada con los datos de la tarjeta.
- Actas de allanamiento y registro domiciliario, que permitieron recolectar evidencia directa en el domicilio de la imputada.
- Visualizaciones e informes de plataformas digitales, donde se evidenciaría la utilización indebida de los datos.
- Otras constancias documentales incorporadas a la causa.
Estos elementos conforman la base de la acusación y sostienen la línea de investigación que apunta al uso ilegítimo de información financiera de la víctima.
Modo de operación según la imputación
De acuerdo con la imputación formal, la mujer habría aprovechado la confianza preexistente con su suegra, quien le entregaba la tarjeta en diversas ocasiones para realizar operaciones autorizadas. La fiscal sostiene que la acusada:
- Conservó los datos de la tarjeta después de los usos autorizados.
- Realizó operaciones posteriores sin el consentimiento de la titular, generando un perjuicio económico considerable.
El daño estimado asciende a más de $500.000 pesos, cifra que refleja la magnitud del perjuicio económico causado a la víctima y que constituye el núcleo del delito investigado.
Indagatoria y representación legal
La imputada fue indagada el martes pasado y estuvo asistida por el Defensor Oficial N°1, Daniel Carrizo, quien garantizó que la acusada ejerciera su derecho a declarar en el marco del proceso penal. Durante la audiencia, la mujer optó por prestar declaración, cumpliendo así con el procedimiento legal establecido.
Calificación legal de los hechos
Provisionalmente, los hechos fueron calificados como "defraudación mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito o débito obtenidos ilegítimamente de su legítimo usuario", en concurso real y en calidad de autora.
La imputación se sustenta en los siguientes artículos del Código Penal Argentino:
- Artículo 173, inciso 15: relativo a la defraudación mediante medios electrónicos o financieros.
- Artículo 55: que establece la forma de concurso real de delitos.
- Artículo 45: que define la autoría penal de los hechos.
Esta calificación implica que la fiscal considera que la imputada actuó de manera directa y consciente, combinando apropiación indebida de datos financieros y operaciones fraudulentas, bajo un contexto familiar que facilitó el acceso a la información.
