En un movimiento clave para el fortalecimiento del sistema judicial y la optimización de las herramientas de intervención estatal, el Gobierno de Catamarca y el Ministerio de Justicia de la Nación han formalizado una agenda de cooperación institucional. Esta articulación se materializó a través de la firma de tres convenios fundamentales destinados a coordinar de manera más eficiente las políticas vinculadas con la prevención y la persecución del delito en el territorio provincial.
La trascendencia del acto radicó en el nivel de las autoridades presentes y firmantes. Los acuerdos fueron suscriptos por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques. Acompañaron este acontecimiento institucional el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y el presidente de la Corte de Justicia, Hernán Martel, entre otras autoridades provinciales y nacionales que respaldaron la iniciativa. Esta robusta base política y judicial marca el punto de partida para una etapa de transformación en áreas tan sensibles como el narcomenudeo, la minoría en conflicto con la ley y la vulnerabilidad social.
Hacia la Evaluación del Microtráfico de Estupefacientes
El primero de los ejes que vertebran esta nueva agenda de cooperación se concentra en el fortalecimiento institucional para una eventual desfederalización de la persecución penal del microtráfico de estupefacientes. Este punto marca un antes y un después en la planificación operativa del Estado provincial frente a uno de los flagelos más complejos de la seguridad contemporánea.
Mediante este convenio específico, Catamarca oficializó su adhesión al Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM), una herramienta creada por el Ministerio de Justicia de la Nación en 2025. El espíritu de esta incorporación no implica un traspaso inmediato de competencias, sino la puesta en marcha de una etapa preparatoria rigurosa. Su propósito central consiste en evaluar con precisión las condiciones necesarias para que, en un futuro, la Justicia provincial pueda asumir competencias directas en la investigación y el juzgamiento de determinados delitos vinculados con el microtráfico de drogas.
Especialización y Tecnología para el Régimen Penal Juvenil
La segunda línea directriz de los acuerdos aborda uno de los desafíos más delicados del derecho procesal: el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal. El segundo acuerdo está orientado a fortalecer las capacidades institucionales para la aplicación del Régimen Penal Juvenil, priorizando la formación continua y la actualización de los profesionales que intervienen de manera directa en estas causas.
Para garantizar que la respuesta estatal combine legalidad y especialización, el convenio estipula una serie de mecanismos operativos y educativos concretos:
Capacitación académica: Organización sistemática de cursos, seminarios y talleres especializados destinados a los operadores del sistema.
Articulación de recursos humanos: Coordinación para facilitar la disponibilidad efectiva de supervisores especializados, operando tanto en el ámbito de competencia provincial como federal conforme a los requisitos legales vigentes.
Innovación tecnológica: El Ministerio de Justicia de la Nación pondrá a disposición de la provincia una plataforma tecnológica diseñada específicamente para respaldar y optimizar la delicada labor cotidiana de los supervisores.
Promoción de Derechos y Protección de la Vulnerabilidad
El tejido de estos convenios se completa con un tercer instrumento enfocado firmemente en la faz social y garantista del sistema. El tercer acuerdo establece un marco de cooperación para impulsar políticas de acceso a la información, formación en derechos y protección integral de personas y grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Para transformar estos lineamientos abstractos en realidades concretas, el convenio prevé el desarrollo coordinado de múltiples actividades. Entre ellas se destacan la ejecución de capacitaciones, la realización de estudios técnicos y el impulso de iniciativas de intercambio de información diseñadas exclusivamente para optimizar el funcionamiento operativo de los organismos involucrados.
En definitiva, esta propuesta integral busca robustecer de forma sustancial la articulación entre Nación y Provincia. El objetivo supremo es promover el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos y desarrollar herramientas institucionales modernas que permitan elevar la calidad de la respuesta del sistema de Justicia frente a las demandas y necesidades concretas de toda la comunidad catamarqueña.
