Tras el fallo que los señaló como responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski, la situación judicial del clan Sena volvió a agravarse. Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, enfrentarán ahora un juicio oral federal acusados de integrar un entramado de lavado de dinero y desvío de fondos públicos, una investigación que avanza en paralelo al caso que conmovió a toda la provincia del Chaco desde junio de 2023.
La medida fue dispuesta por el juez federal de Resistencia, Ricardo Mihanovich, quien decidió elevar la causa a juicio oral tras el requerimiento del fiscal federal Patricio Sabadini. La pesquisa, iniciada en 2023, sostiene que el matrimonio Sena-Acuña habría puesto "en circulación fondos de origen ilícito" generados a partir de presuntos actos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, otorgándoles apariencia de legalidad mediante maniobras contables, movimientos bancarios y operaciones comerciales que no se condicen con sus ingresos declarados.
En su dictamen, el fiscal Sabadini remarcó que el clan experimentó "un incremento patrimonial significativo", incompatible con su situación fiscal, económica y laboral. Esa sospecha se profundizó luego de los allanamientos realizados el 9 de junio de 2023 en la vivienda familiar, en el marco de la investigación inicial por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. Durante ese operativo, las autoridades secuestraron seis millones de pesos en efectivo, lo que encendió todas las alarmas sobre el posible origen irregular de esos recursos.
En el centro de la causa aparece la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, una organización creada en homenaje al padre de Marcela Acuña y que, oficialmente, estaba dedicada a realizar tareas sociales en el barrio homónimo donde los Sena tenían su base política y territorial. Según la acusación, esta entidad habría funcionado como vehículo para canalizar fondos públicos de manera fraudulenta, mediante contrataciones millonarias aprobadas por distintas áreas del gobierno provincial.
La fiscalía detalló montos que resultan determinantes en la imputación: la fundación facturó más de 50 millones de pesos en 2022 al Ministerio de Infraestructura y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). En 2023, sólo ante el IAFEP, la cifra trepó hasta 186 millones de pesos. Para los investigadores, esos movimientos fueron utilizados para simular gastos, encubrir desvíos y justificar ingresos que no se corresponden con las actividades reales de la organización ni con la capacidad operativa del matrimonio imputado.
Sabadini también indicó que se registraron numerosos viajes internacionales por parte de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, con tránsitos hacia Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia. Estos desplazamientos, según el fiscal, revelan la existencia de "medios económicos de relevancia" que no se condicen con la situación declarada por el matrimonio.
El expediente incorpora además un listado de bienes muebles e inmuebles que amplían el cuadro de presunto enriquecimiento ilícito: la familia poseía cinco camionetas Toyota Hilux, un camión y una utilitaria Ford, además de tres camiones Mercedes Benz, un acoplado, un tractor agrícola y una motocicleta. A ello se suman 66 hectáreas registradas a nombre de Emerenciano Sena y al menos cuatro propiedades.
La elevación a juicio ocurre días después de que un jurado popular de 12 integrantes emitiera un veredicto unánime en el caso Strzyzowski: declaró a César Sena, hijo del matrimonio, como autor material del femicidio; y a Emerenciano y Marcela como partícipes necesarios. Todos recibieron prisión perpetua, en un fallo agravado por el vínculo familiar y el contexto de violencia de género. Además, tres personas cercanas a la familia resultaron condenadas por encubrimiento.
El femicidio de Cecilia Strzyzowski conmocionó a la comuna chaqueña desde el 2 de junio de 2023, cuando la joven fue vista por última vez ingresando a la casa de sus suegros. Su cuerpo nunca apareció, lo que profundizó aún más el impacto social y político del caso. Ahora, con la elevación a juicio por presunto lavado de dinero, la familia Sena enfrenta un nuevo capítulo judicial que podría derivar en condenas adicionales por delitos federales.
