Este martes, miles de personas se congregaron en diferentes puntos del país para reclamar por la efectiva aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, en lo que constituye una de las mayores manifestaciones estudiantiles de los últimos años. Sin embargo, la reacción oficial contrastó con la magnitud de la convocatoria. Desde el Gobierno nacional, se buscó minimizar el evento y desviar el foco hacia un supuesto uso político de la protesta.
Javier Milei siguió la movilización desde la Quinta de Olivos, retuiteando mensajes críticos hacia la marcha, aunque no emitió declaraciones directas. Esta estrategia mediática refleja la tensión entre la movilización social y la narrativa oficial, marcada por la insistencia en presentar la protesta como una maniobra de sectores opositores.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, resumió esta postura en su intervención tras la movilización: "Sectores políticos quieren instrumentar esto para sus propios fines". En diálogo con Radio Mitre, Álvarez puntualizó que en la plaza se podían ver "dirigentes políticos, candidatos a presidente, intendentes, dirigentes sindicales... cada uno va a ver qué puede sacar de una causa noble".
Controversia por la cantidad de participantes
Uno de los puntos más debatidos fue la estimación de asistentes. La Casa Rosada aseguró que solo 135 mil personas se movilizaron, mientras que Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calculó más de 1.500.000 participantes a nivel nacional. Esta diferencia de cifras subraya no solo un choque de narrativas, sino también la política de percepción que el Gobierno busca mantener ante la opinión pública.
Más allá de la cantidad de estudiantes, la discusión también incluyó la participación de figuras políticas y sindicales, tales como:
- Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires
- Sergio Massa, dirigente político
- La CGT, central sindical
Según Álvarez, estas presencias contribuyen a que la protesta "sea utilizada con fines políticos", agregando una capa más de conflicto entre las autoridades universitarias y los sectores sociales movilizados.
La eficiencia del gasto universitario como eje de debate
Otro de los focos del Gobierno fue la gestión presupuestaria de las universidades. Alejandro Álvarez sostuvo que el Estado administra cerca de 400 mil millones de pesos destinados a salarios universitarios, cuyo rendimiento, según él, "no se está obteniendo".
El subsecretario señaló problemas en dos áreas principales:
- Graduación de estudiantes: "Las universidades presentan muy pocos graduados en relación a la cantidad de estudiantes".
- Cantidad de docentes: "Si vos tenés presupuestado 15 docentes y nombrás 25, el día que querés aumentar el sueldo es la misma plata", explicó en TN, al subrayar la limitación de recursos frente al aumento salarial.
En relación con la posible existencia de "docentes de más", Álvarez aclaró: "Es lo que estamos poniendo en la discusión y para eso tenemos que tener indicadores confiables. Hay cerca de 200 mil. Es una discusión que no está saldada". Esta afirmación marca el inicio de un debate que promete ser central en la política educativa y en la administración de recursos universitarios en los próximos años.
