En una nueva ofensiva contra la organización de actos de violencia en el espacio público, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra los responsables de una cuenta de la red social Instagram. La acusación se centra en la difusión de material audiovisual que, según el Gobierno, instruye de manera explícita sobre métodos de sabotaje y resistencia violenta contra las fuerzas de seguridad.
La presentación judicial, que lleva la firma de Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio, sostiene que el perfil bajo la lupa ha dejado de operar como un canal de expresión para convertirse en una plataforma de instigación delictiva. El foco de la denuncia es una historia publicada este martes, en la cual se replicó un video que enseñaba a fabricar herramientas de daño caseras, específicamente los denominados "miguelitos", utilizando materiales simples como mangueras y clavos.
El perfil denunciado, que en su biografía se autodefine como un "espacio de formación antifascista de la clase obrera", replicó contenido originalmente publicado por una cuenta en inglés dedicada a la supuesta defensa del hogar. Sin embargo, para el Ministerio de Seguridad, el contexto de la publicación despoja al material de cualquier carácter pedagógico o preventivo.
La preocupación oficial radica en que esta difusión no es un hecho aislado, sino que se integra a una línea editorial que promueve activamente el enfrentamiento. Según la denuncia, el perfil postula conceptos como "el boxeo popular como resistencia para el asedio" y llama a la "lucha activa". Estos elementos, sumados a imágenes que muestran a individuos con el rostro cubierto alzando los brazos en medio de incendios, son interpretados por el Estado como instrucciones tácticas destinadas a grupos que buscan enfrentar a las fuerzas de seguridad en manifestaciones no pacíficas.
El marco legal: delitos y penas solicitadas
El escrito presentado ante los juzgados federales es contundente al diferenciar la protesta social del sabotaje premeditado. El Ministerio argumenta que este accionar debe ser encuadrado bajo figuras graves del Código Penal de la Nación Argentina, basándose en la siguiente estructura jurídica:
- Artículo 209: Instigación pública para cometer delitos.
- Artículo 184: Daño agravado por las circunstancias del hecho.
- Artículo 237: Resistencia o desobediencia a la autoridad.
En los fundamentos de la denuncia se advierte de manera tajante: "La difusión de este tipo de contenidos no tiene carácter informativo ni pedagógico: no se trata de protesta, se trata de violencia, sabotaje y delito". Esta situación reviste una gravedad particular para el Ejecutivo, ya que ocurre de forma simultánea a otras causas judiciales ya iniciadas por hechos delictivos registrados durante las sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y zonas aledañas.
La denuncia no se limita únicamente a la sanción por el video de los "miguelitos". El Ministerio ha solicitado explícitamente a la Justicia Federal que se inicie una investigación exhaustiva que incluya el seguimiento digital del perfil y la plena identificación de sus administradores. La intención de las autoridades es determinar si este canal ha servido de base para la formación de organizaciones ilícitas y si sus responsables están vinculados a otros delitos ya cometidos.
Como prueba principal, se acompañó el archivo de video publicado por la cuenta denominada "Pedagogía para la acción". La urgencia de la presentación radica en la necesidad de frenar la escalada de contenidos digitales que, a juicio del Ministerio, se emplean para planificar ataques directos durante episodios de protesta.
El escrito finaliza con un pedido de celeridad al juzgado federal de turno para que se individualicen a los responsables y se les aplique la pena correspondiente, bajo la premisa de que el Estado no puede permitir que las redes sociales se conviertan en manuales de instrucción para el delito.
