El juez federal Miguel Ángel Contreras firmó este jueves 23 de octubre el auto de elevación a juicio de la megacausa FTU 42/2021, que investiga a Edgar Adhemar Bacchiani, fundador y CEO de Adhemar Capital SRL, junto a José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca y Zaraive Celeste Garcés Rusa, entre otros integrantes de la estructura financiera. Los acusados enfrentan cargos por intermediación financiera sin autorización agravada, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita.

Según la resolución, el magistrado consideró que tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas "han reunido el grado de probabilidad necesario" para avanzar hacia el debate oral. En esta instancia, los imputados deberán responder por un esquema que captó fondos de miles de ahorristas en Catamarca, Córdoba y Tucumán sin respaldo legal ni supervisión estatal.

Una red de empresas y criptomonedas

El expediente, iniciado por denuncias de Gustavo Benegas y otros damnificados, describe una organización que prometía rentabilidades extraordinarias mediante supuestas operaciones con criptomonedas, aunque nunca se acreditaron transacciones digitales que justificaran los pagos. Los investigadores detectaron además una red de sociedades vinculadas al grupo —entre ellas Calentitas SRL, TheTraders SAS, Valhalla SRL e Il Nuovo SAS— que habrían sido utilizadas para canalizar o disimular el origen ilícito de los fondos, según el informe de Gendarmería Nacional.

El juez Contreras rechazó todas las nulidades y excepciones presentadas por las defensas y determinó que existen elementos suficientes para elevar la causa al Tribunal Oral Federal de Catamarca. La resolución sostiene que los acusados llevaron adelante un fraude sistemático, induciendo a los inversores a confiar en la solvencia de la empresa mediante un elaborado ardid financiero.

Otros implicados

Entre los señalados también se encuentran Sofía Beatriz Piña, Lucas Esteban Retamozo, Iván Gonzalo Segovia, Pablo Daniel Olmi, Franco Javier Brey y Ernesto Erdbercher Denett, algunos como partícipes necesarios y otros como colaboradores esenciales en la operatoria.

El expediente de más de mil páginas concluye que la estructura liderada por Bacchiani no solo actuó sin autorización del Banco Central, sino que lavó dinero de origen desconocido mediante la compra de vehículos, inmuebles y la creación de nuevas empresas. La resolución judicial recuerda que Bacchiani ya había sido condenado en Córdoba por hechos similares.

Con la causa elevada a juicio, Bacchiani y sus socios afrontan ahora la etapa más esperada por los damnificados de Catamarca y otras provincias: el debate oral, donde se expondrá el entramado financiero que prometía multiplicar los ahorros mediante criptomonedas y que provocó perjuicios a cientos de inversores.

Con información de Catamarca en Cana.