La fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género Alejandra Antonino dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria y requirió la elevación a juicio de una causa seguida contra un hombre acusado por diez hechos cometidos contra su expareja entre enero de 2024 y octubre de 2025.

De acuerdo con la acusación, los episodios no constituyeron hechos aislados, sino que se desarrollaron dentro de un contexto sostenido y progresivo de violencia de género. La Fiscalía sostiene que la secuencia habría comenzado con conductas de control, aislamiento y amenazas de muerte, para luego avanzar hacia agresiones físicas y reiterados incumplimientos de las medidas judiciales de protección dispuestas en favor de la víctima.

Con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal, la investigación permitió reconstruir una sucesión de episodios ocurridos durante la relación de pareja. Según la acusación, el imputado habría amenazado de muerte a la mujer en distintas oportunidades y también la habría agredido físicamente, provocándole lesiones que fueron constatadas mediante exámenes médicos.

El imputado deberá responder por una serie de delitos cuya enumeración refleja la diversidad y progresión de las conductas atribuidas:

• Amenazas simples, en tres hechos.
• Lesiones leves doblemente calificadas por mediar una relación de pareja y violencia de género, en dos hechos.
• Homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y violencia de género —femicidio— en grado de tentativa, en concurso ideal con desobediencia judicial.
• Amenazas coactivas en concurso ideal con desobediencia judicial.
• Desobediencia judicial.
• Amenazas simples en concurso ideal con desobediencia judicial, en dos hechos.

Todo ello, según la acusación, en concurso real y en calidad de autor.

La tentativa de femicidio

El episodio de mayor gravedad investigado habría ocurrido entre la noche del 17 de abril y la madrugada del 18 de abril de 2025, cuando el acusado habría atacado a la víctima en la vivienda que ambos compartían.

Según la reconstrucción efectuada durante la investigación, el hombre la habría golpeado con un objeto contundente y en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, la habría sujetado del cuello hasta provocarle pérdida de conocimiento. De acuerdo con la acusación, esa conducta se habría repetido cada vez que la mujer recuperaba la conciencia.

El episodio habría adquirido una dimensión todavía más grave cuando, posteriormente, el acusado habría iniciado un incendio dentro de la habitación y bloqueado la salida, mientras ambos permanecían en el lugar.

La víctima consiguió escapar por una ventana, pedir ayuda y evitar que el hecho alcanzara el resultado buscado. Las lesiones que sufrió fueron constatadas por profesionales del Cuerpo Interdisciplinario Forense.

Un elemento central de la acusación es que, al momento de este episodio, se encontraba vigente una medida judicial que prohibía al acusado acercarse a la víctima. De este modo, el ataque investigado aparece vinculado también con un presunto incumplimiento de una medida de protección judicial.

Amenazas que habrían continuado desde el penal

La investigación sostiene que la violencia no habría terminado con la tentativa de femicidio. Por el contrario, según la Fiscalía, el imputado habría continuado contactando y amenazando a la víctima pese a las sucesivas prohibiciones judiciales de acercamiento y comunicación.

Algunas de esas comunicaciones se habrían producido mientras la mujer permanecía bajo protección institucional. Otras habrían tenido lugar cuando el acusado ya se encontraba privado de la libertad, mediante números telefónicos autorizados para realizar llamadas desde el Servicio Penitenciario Provincial.

La Fiscalía ubica entre junio y octubre de 2025 una nueva serie de comunicaciones en las que, según la acusación, el imputado habría mantenido contacto con la víctima, desobedecido las medidas de protección que permanecían vigentes y reiterado amenazas contra ella.

La continuidad de estos episodios es parte de la secuencia que la Fiscalía describe como un proceso sostenido de violencia y como fundamento de las imputaciones vinculadas con las amenazas y la desobediencia judicial.

Una investigación basada en múltiples elementos

Para reconstruir los hechos y determinar la intervención atribuida al imputado, durante la Investigación Penal Preparatoria se incorporó un amplio conjunto de elementos.

Entre ellos se encuentran:

• Denuncias y declaraciones testimoniales.
• Exámenes médicos e historias clínicas.
• Informes victimológicos y valoraciones de riesgo.
• Pericias psicológicas y psiquiátricas.
• Informes socioambientales.
• Registros domiciliarios e inspecciones judiciales.
• Registros de llamadas y audios.
• Informes de empresas de telefonía.
• Análisis de las comunicaciones realizadas desde el Servicio Penitenciario.
• Informes elaborados por el equipo técnico del dispositivo de protección que intervino en la asistencia de la víctima.
• Pericias relacionadas con el incendio.
• Distintos registros fotográficos.

El conjunto de estos elementos permitió, según la valoración de la fiscal, reconstruir los distintos episodios investigados y establecer, con el grado de probabilidad requerido para esta instancia procesal, tanto los hechos atribuidos como la intervención del imputado.

A partir de esa evaluación, Alejandra Antonino solicitó que la causa sea elevada a juicio, dando por concluida la etapa de Investigación Penal Preparatoria.

Una causa atravesada por medidas de protección

Uno de los ejes que atraviesa la acusación es la reiteración de conductas que, según la Fiscalía, se habrían producido pese a la existencia de medidas judiciales de protección.

La prohibición de acercamiento se encontraba vigente al momento del episodio de abril de 2025, cuando se habría producido el ataque en la vivienda compartida. Luego de ese hecho, también habrían existido sucesivas prohibiciones judiciales de acercamiento y comunicación que, de acuerdo con la investigación, el imputado habría incumplido mediante nuevos contactos y amenazas.

La acusación incorpora esos presuntos incumplimientos a distintos hechos y los vincula jurídicamente con las amenazas atribuidas al hombre.

Así, la causa reúne en una misma secuencia investigativa episodios de amenazas, agresiones físicas, una tentativa de femicidio, comunicaciones posteriores y presuntos incumplimientos de órdenes judiciales.

La protección de la identidad de la víctima

En resguardo de la víctima, de su entorno familiar y de sus derechos, el Ministerio Público Fiscal decidió no difundir la identidad de la mujer ni la del imputado.

La medida responde a que la publicación de esos datos podría permitir identificar a la víctima directa o indirectamente.

Con el pedido de elevación a juicio, la Fiscalía considera concluida la etapa de investigación y sostiene que existe el grado de probabilidad requerido para esta instancia respecto de los hechos atribuidos y de la intervención del acusado. La causa, de avanzar conforme a lo solicitado, deberá ser sometida a la etapa de juicio a partir de la acusación construida sobre los diez hechos investigados entre enero de 2024 y octubre de 2025.