La investigación judicial que sacudió a la comunidad de Los Altos ha llegado a su etapa crucial. El fiscal de Instrucción N°6, Facundo Barros Jorrat, con la intervención directa de la Secretaría Especializada en Delitos contra la Administración Pública, ha finalizado la exhaustiva investigación penal preparatoria y ha requerido formalmente la elevación a juicio de la causa penal seguida contra Matías Ezequiel Ruiz Díaz. El imputado deberá responder ante la justicia por los graves delitos de "defraudación a la Administración Pública" y "ejercicio ilegal de la profesión continuado", ambos en concurso real y en calidad de autor.
Este complejo proceso judicial no surgió de oficio, sino a partir de una denuncia formal formulada por las autoridades del Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Provincia de Catamarca, con el correspondiente patrocinio letrado. El origen de esta presentación se retonta a la valiosa información recibida por una profesional de la mencionada localidad de Los Altos, quien encendió las alarmas institucionales tras recibir la profunda preocupación de una mujer. Esta vecina había manifestado su inquietud al advertir que una persona que se presentaba públicamente como psicólogo se encontraba atendiendo a niños y prestando servicios directamente para la Municipalidad. Frente a la gravedad de los dichos, el Colegio de Profesionales realizó averiguaciones preliminares y aportó elementos que, a su criterio, revestían una clara relevancia penal.
Un riguroso andamiaje probatorio y registros oficiales inconmovibles
A partir de la formalización de la denuncia, la Fiscalía dio inicio a la pesquisa y ordenó medidas urgentes destinadas, en primer término, a determinar si la condición profesional invocada por el imputado tenía algún tipo de respaldo oficial. Para fundamentar sólidamente el requerimiento de elevación a juicio, la Fiscalía reunió y analizó un total de 68 elementos de prueba provenientes de diversas fuentes oficiales, documentales, testimoniales y digitales.
Dentro de las medidas desarrolladas para esclarecer los hechos, se destacan los informes solicitados a organismos clave:
Registro Público de Graduados Universitarios
Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación
Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca
Asimismo, se incorporó un volumen considerable de documentación remitida por la propia Municipalidad de Los Altos. Dicho material probatorio incluyó el expediente administrativo de contratación, decretos municipales, el contrato de locación de servicios y su respectiva adenda, facturas, órdenes de pago, comprobantes de retenciones impositivas y constancias de transferencias bancarias. En el plano testimonial y de campo, el expediente recopiló 26 declaraciones testimoniales, incluyendo los testimonios de personas que habrían sido atendidas por el imputado, además de una detallada inspección ocular, registros fotográficos y el exhaustivo análisis del soporte digital aportado junto con la denuncia original.
Los resultados de las consultas institucionales fueron categóricos y no dejaron margen para la duda. Los registros nacionales consultados informaron de manera fehaciente que no existía ningún título universitario a nombre de Ruiz Díaz. En la misma línea, el Colegio de Profesionales de la Psicología de Catamarca comunicó formalmente que el imputado jamás había presentado la documentación necesaria para iniciar el trámite de matriculación en la provincia. Al momento de prestar declaración indagatoria, el imputado, asistido por un defensor particular, optó por abstenerse de declarar.
La maniobra fraudulenta y los perjuicios económicos al municipio
Para la Fiscalía, la presentación de la documentación académica presuntamente apócrifa constituyó el ardid y el medio preciso utilizado para engañar a la Administración Pública municipal. El requerimiento fiscal sostiene con firmeza que, sin la acreditación de esa supuesta condición profesional, la contratación y las correspondientes disposiciones patrimoniales jamás se habrían producido. De este modo, la maniobra ideada ocasionó un perjuicio directo a la Administración Pública municipal por un monto total de $840.000, cifra que se corresponde exactamente con seis pagos efectuados en concepto de servicios de Psicología.
El análisis de los hechos divide la conducta delictiva en dos episodios perfectamente delimitados en el tiempo y en su ejecución material. De acuerdo con el primer hecho atribuido, entre los meses de mayo y octubre de 2023, Ruiz Díaz habría presentado ante la Municipalidad de Los Altos copias de un título de Licenciado en Psicología y de un certificado analítico presuntamente apócrifos, con el claro propósito de acreditar una falsa formación profesional y lograr así su contratación.
Consecuentemente con este engaño, el 1 de junio de 2023 suscribió un contrato de locación de servicios con el municipio y, posteriormente, el 30 de junio, firmó una adenda para prestar servicios como psicólogo en el Centro de Atención Integral a Familias y Diversidades. Como resultado directo de dicha contratación irregular, la comuna realizó los seis pagos mencionados por los servicios profesionales inexistentes, configurando la defraudación por los $840.000 citados.
Por su parte, el segundo hecho se ubica temporalmente entre junio y octubre de 2023. Según la acusación formal, durante ese período Ruiz Díaz no solo cobró indebidamente fondos públicos, sino que avanzó sobre la salud física y mental de la población al brindar sucesivamente atención psicológica a 22 personas en dependencias municipales.
Finalmente, tras valorar de manera individual y conjunta el cúmulo de pruebas recolectadas, el fiscal interviniente consideró que estas conforman un cuadro probatorio lógico, armónico y convergente, absolutamente suficiente para sostener, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la efectiva existencia de los hechos investigados y la responsabilidad penal en calidad de autor atribuida al imputado.
