La situación procesal del empleado judicial asignado al Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial, que fue denunciado el jueves y el viernes de la semana pasada por tres compañeras de trabajo por supuestos delitos contra la integridad sexual, hecho publicado en exclusiva ayer por este diario, se complica cada vez más.

Durante la jornada de ayer, fuentes judiciales vinculadas a la causa informaron que, durante las últimas horas, el funcionario, de quien se reserva la identidad y el lugar donde prestaba servicio para, principalmente, resguardar a las víctimas, sumó otras dos nuevas denuncias en su contra.

Las mismas habrían sido presentadas por empleadas del Poder Judicial, pero que, en principio, no trabajarían en las mismas oficinas, sin embargo, tenían contacto con el acusado por su función.

Conocidas las nuevas acusaciones en contra del funcionario judicial y en base a la investigación penal preparatoria que viene llevando adelante la Fiscalía de Instrucción N° 9, a cargo del Dr. Jonathan Felzstyna, trascendió que, en las próximas horas, el fiscal podría citar a prestar declaración al sindicado, a quien le imputaría la supuesta comisión de seis hechos de abuso sexual.

Cabe recordar que, tal como lo publicó en exclusiva este diario, el jueves de la semana pasada, una empleada se presentó en la fiscalía general y denunció a su compañero, quien a la vez sería su jefe, por el supuesto delito de abuso sexual.

Conocida la denuncia de esta empleada, de quien se reservan los datos personales por ser una víctima de delitos contra la integridad sexual, el día viernes, otras dos empleadas judiciales también lo denunciaron.

Informado de la situación, el fiscal general dispuso que las denuncias fueran giradas a la Fiscalía de Instrucción N° 9, quien, entre el viernes y ayer, recibió otras tres denuncias más por hechos de igual naturaleza. Si bien las fuentes judiciales consultadas no brindaron detalles en cuanto a cómo ocurrieron los hechos, sí indicaron que el sujeto habría actuado de igual manera con todas las denunciantes.

Vale resaltar que, tras la primera denuncia, desde el ministerio público se dispuso el inmediato apartamiento de sus funciones sin goce de haberes, en principio por 60 días.