La investigación del caso de las embarazadas rusas que empezaron a llegar hace meses a la Argentina apunta por estas horas a los intermediarios argentinos: según la causa que sigue la jueza María Servini de Cubría, se trata de gestores que vendían a las mujeres falsos certificados de domicilio para que pudieran tramitar -en tiempo récord- el documento y el pasaporte de sus hijos y eludir así los bloqueos que pesan por la invasión rusa a Ucrania.
Si bien la causa tiene secreto de sumario, la investigación comenzó en diciembre pasado a raíz del testimonio de una ciudadana rusa que denunció ante las autoridades cómo son las maniobras detrás de la extraña oleada de jóvenes embarazadas de ese país, según información a la que tuvo acceso TN.
El pasado jueves, la Policía Federal realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero en el marco de la causa. La investigación, que está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, llegó a dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo, pero se les secuestró elementos de interés para la causa.
Los allanamientos, sumados al testimonio de la testigo, permiten inferir que los gestores falsificaban -al menos- certificados de domicilio, uno de los documentos necesarios para tramitar la residencia argentina.
Esos certificados están a cargo de la Policía Federal y sirven para constatar que la persona que está solicitando el documento argentino vive, al menos hace meses, en el país. Los mismos deben ser entregados a la dirección de Migraciones para gestionar las residencias.
De acuerdo a una fuente de la investigación, las oficinas allanadas promocionaban la venta de certificados a través de contactos o anuncios en redes sociales. En concreto, hablaban de la posibilidad de obtener la residencia en 10 o 15 días, un plazo muchísimo menor al habitual.
En este marco, la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aseguró en diálogo con TN que el Gobierno está aportando “todos los elementos” para que los jueces puedan “entender qué hay detrás de estas organizaciones mafiosas” que traen al país a embarazadas rusas, y ratificó que los extranjeros que quieren acceder al pasaporte nacional inician el trámite en la justicia federal, no en el organismo que conduce.
Carignano sostuvo que las mujeres de nacionalidad rusa que llegan a parir al país son “víctimas” de organizaciones que “se aprovechan” del convenio existente entre la Argentina y Rusia y que permite que las personas de dicho país no tengan que presentar visa para permanecer durante tres meses en condición de turista o para realizar actividades que no sean remuneradas.
(Fuente: Todo Noticias)
