La seguridad y el resguardo de la integridad física y psíquica de los menores dentro de los establecimientos educativos se encuentran bajo la lupa. En medio de las amenazas a las escuelas, ahora una denuncia de  abuso sexual en una escuela de la zona céntrica, hacer crecer la alarma sobre la realidad de los adolescentes. La víctima, una niña de tan solo 13 años, fue blanco de un ataque perpetrado, según la acusación, por un compañero de la misma institución. El hecho ha generado una profunda conmoción, no solo por la naturaleza del acto, sino por la serie de irregularidades institucionales que habrían ocurrido en los momentos posteriores a la agresión.

El caso salió a la luz tras la confesión de la menor a su madre, quien relató con profundo dolor los pormenores de lo sucedido. De acuerdo con el testimonio materno, los hechos se desencadenaron la semana pasada durante una hora libre de Francés. En un momento en que los alumnos se encontraban en el patio, el agresor habría abordado a la niña. La madre detalló que el adolescente le tocó un pecho en el espacio abierto y que, ante la vergüenza y el miedo, la niña buscó refugio en el aula. Sin embargo, el atacante la siguió y continuó con el manoseo debajo de su vestimenta, realizándole  tocamientos íntimos.

Irregularidades y falta de notificación

Uno de los puntos más críticos de la denuncia reside en la gestión del incidente por parte de las autoridades escolares. Según la información suministrada por la madre, el abuso no fue reportado inicialmente por la víctima, sino por una de sus compañeritas, quien de forma valiente comunicó lo ocurrido a la Vicedirectora del establecimiento. A pesar de haber tomado conocimiento de una situación de extrema gravedad, la directiva no notificó de inmediato a los progenitores de la damnificada.

La madre de la víctima denunció que la Vicedirectora prefirió establecer contacto con el padre del presunto abusador antes que con la familia de la menor agredida. Esta omisión de comunicación provocó que la niña tuviera que seguir compartiendo el mismo espacio escolar con su agresor durante varios días, sin ningún tipo de medida de protección. La situación solo comenzó a cambiar cuando la menor, angustiada, habló con otra profesora, quien tomó la determinación de trasladar al joven a otro curso para separarlos físicamente.

El laberinto judicial y las pericias perdidas

La búsqueda de justicia por parte de la familia también se topó con obstáculos administrativos y del sistema judicial. Al intentar radicar la denuncia, la madre fue derivada inicialmente a la Unidad Judicial n° 8, donde se le negó la atención debido a que el personal se encontraba saturado por denuncias relacionadas con amenazas en otras escuelas. Finalmente, la exposición pudo ser tomada en la Fiscalía de Violencia de Género.

Tras obtener el documento judicial, la madre logró entrevistarse con el Director del establecimiento. El directivo manifestó no estar al tanto de lo sucedido hasta ese momento, desmarcando su gestión de la actuación previa de la Vicedirectora. En este encuentro, el Director ofreció garantías de seguridad y la posibilidad de cambiar a la niña de turno para evitar cualquier contacto con el agresor, asegurando que se encargaría de proteger a la menor.

Sin embargo, el silencio inicial de la escuela ha tenido consecuencias legales irreparables. Al no haberse activado los protocolos de abuso en el momento exacto de los hechos, el paso del tiempo ha restado valor probatorio a las pericias médicas de forma. Ante esta situación, el único recurso disponible para comprobar el hecho será la Cámara Gesell. "Nunca le dieron ninguna contención a ella", sentenció la madre, subrayando que la escuela debería haber realizado la denuncia de oficio y resguardado prioritariamente a la víctima.