Lo que comenzó como un viaje de esparcimiento en las playas de Río de Janeiro se ha transformado en un laberinto legal de consecuencias imprevisibles para Agostina Páez, una abogada argentina de 29 años. Tras más de dos semanas del conflicto que originó su detención, la joven se encuentra actualmente retenida en Brasil, imposibilitada de regresar a su hogar y bajo una estricta vigilancia estatal.
El origen de la causa radica en un episodio ocurrido en un bar carioca, donde Páez fue señalada por realizar gestos racistas dirigidos a los empleados del establecimiento. Las pruebas en su contra parecen ser contundentes desde la óptica de la instrucción, ya que el incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad del local, convirtiéndose en la pieza fundamental de la investigación iniciada por la Policía Civil de Río de Janeiro.
La situación de Páez es crítica tanto en lo legal como en lo emocional. Su abogado, Sebastián Robles, describió el estado de su defendida como de profunda preocupación y angustia, señalando que la abogada debería haber regresado de sus vacaciones hace más de diez días, según el plan original que compartía con su grupo de amigas con quienes había alquilado un departamento hasta mediados de enero. Hoy la realidad es diametralmente opuesta, ya que la Justicia local le ha impuesto medidas cautelares severas que incluyen la prohibición de salir del país hasta que se resuelva la causa y el uso obligatorio de una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. La imputación por injuria racial agrava su estatus, ya que en el código penal brasileño este delito conlleva una severidad mayor.
El complejo entramado del proceso penal brasileño
La defensa de Páez califica el caso como complicado y sostiene que el proceso al que es sometida su clienta resulta inquisitivo y vulnera garantías fundamentales. Robles explicó que la imputación para el sistema brasileño no representa lo mismo que en Argentina, pues tras el informe de la Policía Civil que encuadra el delito, el expediente debe pasar a un juez de garantía. Este magistrado tiene la tarea de analizar la situación y, si lo considera pertinente, notificar al Ministerio Público Fiscal y a la defensa para que se realice el contradictorio. Es un camino burocrático extenso que mantiene a la joven argentina en una incertidumbre constante mientras espera una resolución favorable.
Dentro de este proceso, el Ministerio Público Fiscal tiene la potestad de realizar o no una acusación formal, lo que en Argentina se conoce como declaración de imputado o indagatoria. A partir de allí, el proceso continúa hacia una nueva etapa investigativa judicial donde se recaban la mayor cantidad de pruebas, siendo este el momento en que la fiscalía podría ofrecer algún tipo de salida alternativa a la pena o, por el contrario, mandar la causa a un juicio oral. Robles enfatizó que se trata de un proceso largo que, según su visión, viola el principio de inocencia y representa una violación flagrante de los derechos humanos ante la falta de garantías claras para su defendida.
El letrado denunció que no existe garantía de nada en el actual escenario jurídico de Río de Janeiro y manifestó su preocupación por la intervención jurídica ante lo que considera un proceso excesivamente riguroso. La defensa espera tener una respuesta a su petición la semana que viene a más tardar, buscando aliviar las medidas de coerción que hoy mantienen a la abogada argentina con una tobillera electrónica y confinada a otro departamento en territorio extranjero. Mientras tanto, Páez permanece bajo la imputación de la Policía Civil, enfrentando un sistema que el propio Robles define como muy inquisitivo y que se ve potenciado por la naturaleza del delito de injuria racial, el cual no permite resoluciones rápidas o flexibles dentro de la normativa local.
Finalmente, la situación pone de relieve el choque entre los sistemas procesales y la severidad con la que Brasil aborda este tipo de conductas en espacios públicos. La angustia de Agostina Páez refleja el impacto de un proceso que ya ha excedido largamente los tiempos de su estadía original y que amenaza con prolongarse debido a la etapa de recolección de pruebas y las instancias de acusación formal que aún restan cumplimentar en el sistema judicial del vecino país. La defensa insiste en que el agravamiento de la situación por el tipo de delito imputado está transformando una falta en un castigo anticipado que vulnera los derechos básicos de la ciudadana argentina.
