Una pareja fue demorada luego de que en un retén la Policía de San Luis descubriera que viajaban con cuatro menores sin documentos. Durante el control, ambos aseguraron que los chicos son sus hijos, pero que se consideran “ciudadanos del mundo” que forman parte de una agrupación que no acepta la formación y las reglas del Estado.
La familia fue interceptada este lunes en el paraje Las Palomas, ubicado en el norte de la provincia mientras circulaban a bordo de una camioneta Honda CRV gris que tenía patente ilegal y solo decía “propiedad privada”.
En un control de rutina, los efectivos del Puesto Limítrofe 11 frenaron al vehículo que era conducido por un hombre y que viajaba en compañía de su pareja y de cuatro menores de 2, 5, 8 y 11 años.
Al pedirles que se identifiquen, advirtieron que los viajeros no tenía documento nacional de identidad ni pasaportes. Cuando fueron consultados sobre el lugar al que se dirigían, explicaron que iban a visitar a un familiar en Villa Praga, de quienes tampoco brindaron datos, y que provenían de la zona de Mendiolaza, Córdoba.
Además, solo se identificaron como “ciudadanos del mundo” que forman parte de un grupo que dice no reconocer las leyes nacionales, internacionales ni los límites territoriales.
Como única documentación exhibieron una especie de identificación que decía “Universal Pass (pase universal) CESTUI QUE VIE 2022″, frase que alude a una construcción jurídica que se remonta a Inglaterra en 1666 cuando se declaró muerta a toda una población tras un incendio arrasador y que señala distintos tipos de fideicomisos, en este caso la propiedad de un inmueble por el tiempo que dure su vida.
El conductor dijo considerarse “un ser vivo autodeterminado” al que podían llamar Sergio y su pareja se identificó como An. Sin embargo, ante la falta de documentación que acreditara su identidad, los agentes del puesto limítrofe dieron aviso a sus superiores y oficiales del Destacamento 40 de Los Cajones llegaron al lugar tras haber dado aviso a la fiscal adjunta Silvina Argüello que determinó que toda la familia sea trasladada a una dependencia.
“En un primer momento intervino la Policía provincial pero ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal nos pasaron la competencia a nosotros”, le explicó a El Diario de la República el juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul, quien dispuso una audiencia que se celebró el martes por la mañana en forma virtual con la pareja.
En diálogo con Télam, el fiscal federal Cristian Rachid señaló: “Estamos aún con medidas pendientes sobre niños y niñas y también está interviniendo un juzgado Provincial de Menores que dispuso las suyas”.
“Por protección de ellos y ellas, por ahora no daremos información hasta que la situación se aclare y esté asegurada, cuando se informará con más precisión”, agregó.Los sospechosos negaron la actuación de la Justicia y desconocieron a las autoridades presentes. “Directamente se levantaron y se retiraron de la sala en la que estaban”, explicó Nacul.
Durante la audiencia, la mujer se limitó a interrumpir a las autoridades federales diciendo que no reconocía su autoridad mientras el hombre filmaba lo que después fue subido a las redes sociales por una mujer identificada en Facebook como Patricia Funes, que tiene domicilio en San Rafael, Mendoza.
Funes, detalló en sus redes sociales ser profesora de Derecho y Ciencias Económicas, doctorada en la Universidad de Maryland; en Silver Spring, Maryland, Estados Unidos; y en Derecho en la Universidad de Baltimore, Maryland.
Desde el martes se encargó de transmitir en vivo todo el proceso y durante la madrugada de ayer publicó: “Sergio y An, liberados”, post que fue festejado por sus seguidores.
Por su parte, los cuatro menores quedaran bajo el resguardo de una familia por disposición del programa que dirige el Poder Ejecutivo Provincial llamado “Familias Solidarias”. La medida estuvo a cargo de José Ramiro Bustos, titular del Juzgado Multifuero de la Tercera Circunscripción Judicial de la Justicia de San Luis.
