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Tribunal Penal Juvenil

Pedía por su libertad condicional y denunció “corrupción” en el Penal

En una inédita audiencia, por primera vez realizada de forma oral en el país, el joven T.U., actualmente de 23 años, le pidió al juez Morabito que le otorgue la libertad condicional porque en el penal, donde cumple una condena por abuso sexual, son los propios celadores quienes le venden droga y psicofármacos. El juez ordenó que se investigue y se le dé protección al interno.

Foto: Silvina Bravo

13 Junio de 2023 22.01

En ámbitos del Tribunal Penal Juvenil, durante la mañana de ayer, se llevó adelante una inédita audiencia en la cual un joven, actualmente de 23 años, pero que cometió un delito de abuso sexual cuanto tenía 17, pidió al juez de Ejecución Penal Juvenil, Dr. Rodrigo Morabito, el beneficio de la salida condicional, tras haber purgado parte de la condena.

Por lo general, dichas audiencias se realizan de manera escrita. En estas, cada uno de los equipos que durante el tiempo de prisión del joven lo “contuvo” y “evaluó” con el único propósito de reinsertarlo a la sociedad, tal como lo marca la ley, elevan el informe al magistrado interviniente en el que expresan si corresponde o no al penado alcanzar dicho beneficio. En este caso, U. J., solicitaba a través del defensor oficial, Dr. Véliz, el beneficio de la salida condicional, entendiendo que su “estadía” en la cárcel podría perjudicar los avances que ha tenido hasta el momento, por la “corrupción” que existe en el penal, tal como lo denunció al momento de otorgársele la palabra, puesto que estudia y ya no consume.

“Quiero que me dé la libertad, señor juez, porque quiero superarme. Quiero luchar por mi hijo, quiero trabajar con mi papá. Solo quiero brindarle lo mejor a mi hijo, poder ayudarlo y para eso necesito trabajar. Quiero ganarme el dinero trabajando para brindarle a él -por su hijo- todo lo que necesita. Quiero señor juez recuperar a mi familia”, expresó J.U., quien cumple una pena en la cárcel por haber abusado sexualmente de una niña de 13 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y sustancias prohibidas, la que lamentablemente, tras el hecho, se quitó la vida.

La innovación de llevar adelante este tipo de audiencias -que son orales-  en el fuero juvenil, es la rapidez con lo que se resuelven las solicitudes, tanto para víctimas como para victimarios, lo que reduce bastante los tiempos y queda, como en la audiencia de ayer, en evidencia las falencias con las que se trabaja y que dificultan la actuación de la Justicia. Las personas privadas de libertad (con mayor razón quienes eran menores de edad al momento de los hechos) tienen derecho a la reinserción social y el Estado, como trabaja, no suele garantizarla.

Partes

En la sala, además del imputado, su abogado y el fiscal penal juvenil, estuvieron presentes también el área de laborterapia, el área de educación, la asistente social, la psicóloga -quienes lo asisten en el penal- y el área de seguridad del Servicio Penitenciario Provincial. Como parte de la audiencia, los profesionales que representaban a cada una de las áreas expusieron ante el juez las conclusiones del abordaje realizado sobre el joven, U.J., los que fueron diferentes.

Mientras que para el área de educación y laborterapia, el penado podría acceder al beneficio de la libertad condicional; la asistente social y la psicóloga opinaron en contrario, aún cuando a preguntas de la defensa del condenado respondieron que no eran especialistas en tratar con Niños, Niñas y Adolescentes, especialidad que marca la ley provincial 5544. 

Básicamente, las áreas que denegaron el beneficio argumentaron su postura en hechos endebles en los que, a líneas generales, se referían a la conducta del joven de no asistir a los talleres grupales, por ejemplo. El trabajo de la psicóloga en la asistencia al joven, como la del resto de las áreas, dejó al descubierto las graves falencias que tiene el Estado en los institutos carcelarios. Parte del reclamo de la sociedad sobre la inseguridad tiene que ver con la manera en que se ejecuta la pena. 

La psicóloga del penal dijo en la audiencia que, aproximadamente asiste a 171 internos condenados por delitos contra la integridad sexual, a quienes se los asiste una vez al mes, tres horas. “… Somos seis psicólogas para toda la población carcelaria -247- y generalmente les brindamos asistencia a aquellos internos que están próximos a salir -cumplir la condena o recibir un beneficio- o si el interno, que no reúna esta condición, así lo solicita a través del área de seguridad del penal…”.  La exposición de la psicóloga y la asistente social dejaron al descubierto las múltiples falencias que existen en el sistema carcelario, principalmente en el de personas que cometieron delitos cuando eran adolescentes, lo que obviamente dificulta la reinserción del joven a la sociedad.

Video: Silvina Bravo 
 

Favorable

Mientras que el área de seguridad dio un informe positivo para U.J. -quien solo tuvo una “conducta mala” en el tiempo que lleva privado de la libertad en el penal-, para que se le otorgue la libertad condicional, la psicóloga y la asistente social se lo denegaron. 

“No considero -que el padre, quien quiere llevarlo a trabajar junto a él en Belén- pueda darle al joven la contención que necesita. Alquila una casa en la que conviven también sus otros dos hijos adolescentes, su nueva pareja y la hija de esta, de cinco años de edad”, expresó la profesional, quien a consulta de una de las partes señaló que “se debe trabajar más con la familia para la contención del joven”, tarea que se supone es de su área, pero que al parecer no la desarrolla o bien, de una manera más articulada para el beneficio del joven penado.

El gran ausente y pieza fundamental en la resolución final fue el psiquiatra Dr. Ríos del penal, por lo que el juez Morabito le solicitó al director del penal que le iniciara un sumario administrativo por faltar a la audiencia sin previo aviso. Este profesional, explicaron las fuentes judiciales, es quien debe indicar si J.U. puede recuperar la libertad -más allá de que continuará cumpliendo la condena restante-, ya que es quien por su arte y profesión puede establecer si el joven es peligroso para sí o para terceros.

Su ausencia en la sala dificultó el pedido del muchacho, quien a decir del fiscal Narváez en su alegato, demuestra intenciones de “superarse”.

“...Por el momento, pero solo por el momento voy a pedir que no se le dé el beneficio de la salida condicional y que se trabaje en un abordaje más profundo, con profesionales especializados”, expresó el fiscal, siendo sus argumentos en partes luego compartido por la defensa.

El Dr. Véliz, al momento de ejercer su alocución, pidió el beneficio para su ahijado procesal, argumentando lo bueno que se detalló de su persona en los informes positivos, tanto del área de seguridad del penal, como de educación y de laborterapia. 

Sin embargo y de manera inmediata, tras concluir las exposiciones de las partes, el juez Morabito dictó la sentencia.

En primer término denegó la libertad condicional a U. J., pero lo citó para una nueva audiencia el próximo 13 de julio, donde con los nuevos informes de las áreas antes mencionadas, quienes deberán de manera exhaustiva abordar al joven en cuestión, elaborarán nuevos informes sobre su comportamiento. 

La oralidad con la que se maneja el fuero especializado rompe con la lógica cultural del expediente o trámite escrito con mayor demora, hasta que se contesta y aborda el paradigma de la litigación u oralidad, haciendo de esta manera los procesos más rápidos y ágiles. 

“Quiero salir de ahí porque hay corrupción”

Así se manifestó U.J. sentado ante el Juez Morabito. El joven le dijo al magistrado que quiere salir de ahí -por el penal- porque hay corrupción. Los mismos celadores “nos venden las drogas y las pastillas”, aseguró el joven, quien tras la audiencia regresó al penal.

J. U. dijo también que pide la libertad condicional para salir a trabajar para estar con su padre y poder tener dinero para ver por su hijo, darle el dinero para sus alimentos y todo lo que le haga falta. Quiero recuperar a mi familia, Dr.”.

Tras escuchar a las partes y al momento de dictar el veredicto, el juez, además de denegarle el beneficio al condenado, dispuso que la Fiscalía Federal investigara la denuncia expresada por el joven U.J. sobre la “droga en el interior del penal”, como así también le ordenó al director del penal brindarle la protección necesaria al joven, ante el tenor de lo denunciado, responsabilizándolo por cualquier represalia. También intimó al Ministerio de Seguridad de la provincia a capacitar a sus actores, en el trato con niñas, niños y adolescentes (...).