El fiscal federal interino Sandro Abraldes solicitó formalmente a los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27 la reanudación inmediata de la investigación contra el músico Cristián "Pity" Álvarez, acusado de haber asesinado a un hombre en el barrio porteño de Villa Lugano.
El requerimiento no se limita a retomar el expediente: también incluye la fijación de una fecha concreta para el inicio del juicio oral, un proceso que ha permanecido paralizado durante años debido a cuestionamientos sobre el estado de salud mental del imputado.
La iniciativa del fiscal se inscribe en un contexto en el que la Fiscalía General busca dar un nuevo impulso a la causa, apoyándose en elementos recientes que, según sostienen, contradicen los argumentos de la defensa.
El recital en Córdoba: un elemento clave en la evaluación
Uno de los puntos centrales del planteo de Abraldes es el recital que Álvarez brindó en diciembre en la provincia de Córdoba. La Fiscalía sugirió incluso que las audiencias judiciales tengan una duración de no más de tres horas, equiparando ese tiempo al del espectáculo ofrecido por el ex líder de Viejas Locas en el estadio Mario Kempes.
Según el documento citado por el portal Fiscales, ese evento constituye una prueba empírica del funcionamiento cognitivo del acusado. En palabras del fiscal, el desempeño del músico evidenció:
- Coordinación cognitiva sostenida
- Interacción activa con el público
- Memoria operativa (letras, secuencias y dinámica escénica)
- Tolerancia al estrés
- Organización conductual compleja
Abraldes fue más allá al señalar que existe una "disonancia objetiva" entre las limitaciones funcionales alegadas por la defensa y el comportamiento reciente del imputado en un entorno de alta exigencia tanto cognitiva como emocional.
Pericias médicas y disputa técnica
El fiscal también incorporó a su argumentación los resultados de evaluaciones realizadas en marzo por peritos de la defensa y profesionales del Cuerpo Médico Forense. Ambos coincidieron en que Álvarez "dispone de una reserva cognitiva" suficiente para afrontar las distintas instancias del proceso penal.
Este punto resulta clave, ya que contradice evaluaciones anteriores que habían determinado una incapacidad mental que impedía el avance del juicio. En ese marco, Abraldes solicitó la desestimación de un recurso presentado por los representantes legales del músico, quienes habían pedido una "evaluación neuropsicológica profunda".
Según el fiscal, ese pedido tiene como objetivo último "la suspensión indefinida del juicio", lo que, a su entender, no se justifica frente a la evidencia actual.
Una causa marcada por la interrupción judicial
El caso se remonta a julio de 2018, cuando Álvarez fue detenido tras confesar el asesinato de Cristian Díaz en Villa Lugano**. En ese momento, el hecho generó un fuerte impacto público, no solo por la gravedad del delito sino también por la notoriedad del acusado en el ámbito musical.
El juicio oral estaba previsto para comenzar tres años después, pero el proceso quedó abruptamente detenido. El motivo fue la conclusión del Cuerpo Médico Forense, que determinó que el cantante presentaba una incapacidad mental derivada de su estado psiquiátrico, lo que lo hacía no apto para enfrentar un juicio.
Esa decisión marcó un punto de inflexión en la causa, instalando un debate prolongado sobre la responsabilidad penal y la salud mental del imputado.
Otros cargos en el expediente
Además del homicidio, Álvarez enfrenta otra acusación que complejiza aún más su situación judicial. Se le imputa haber amenazado, agredido y privado ilegítimamente de la libertad a su manager y amiga en noviembre de 2016.
Este antecedente refuerza el interés del Ministerio Público en avanzar con el proceso judicial completo, integrando todas las causas pendientes en un eventual juicio oral.
Un escenario abierto
El pedido de Abraldes reconfigura el escenario judicial y coloca nuevamente en el centro del debate la capacidad del acusado para ser juzgado. La combinación de evidencia conductual reciente, pericias médicas actualizadas y antecedentes judiciales plantea un panorama en el que la reanudación del proceso aparece, para la Fiscalía, como un paso necesario.
La decisión final quedará ahora en manos del tribunal, que deberá evaluar si las condiciones están dadas para retomar una causa que, tras años de interrupciones, vuelve a cobrar impulso.
