El juez federal de Tucumán, José Manuel Díaz Vélez, procesó este miércoles a la influencer santiagueña Valentina Olguín, de 27 años, por el presunto uso indebido de datos fiscales de cinco gobernadores para realizar compras personales en Estados Unidos. Además, dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre sus bienes.
Olguín, oriunda del barrio Cabildo de Santiago del Estero y actualmente residente en el barrio porteño de Núñez, está acusada de utilizar los CUIT de los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis) y Sergio Ziliotto (La Pampa) para constituir domicilios fiscales ajenos y sortear así el límite de compras permitidas en el exterior.
La investigación fue impulsada por el propio gobernador Jaldo en noviembre de 2024, tras detectar movimientos fiscales sospechosos. "No fue obra de una sola persona. Esto demuestra lo vulnerable que es el sistema", declaró el mandatario tucumano.
Durante su descargo ante la justicia, la influencer explicó que recurrió a los CUIT de los gobernadores luego de haber excedido el cupo personal y el de sus familiares para compras en el extranjero. Alegó que obtuvo los datos "googleando" y que desconocía la gravedad de su accionar.
Influencer y cantante
Olguín reúne una fuerte presencia en redes sociales, con más de 425 mil seguidores en Instagram y 192 mil en TikTok. Es cantante solista y anteriormente integró la banda de cumbia "LQmbia", destacándose en el fenómeno de la "cumbia cheta" con temas como "Piel a piel", "Dime cosas lindas", "Baila morena" y "Lejos".
La causa judicial
El delito que se le imputa es "contrabando simulado", según indicó su entorno legal. La defensa, a cargo de la abogada Claudia Paz, solicitó la suspensión del juicio a prueba (probation), ofreciendo como compensación un descargo público al gobernador Jaldo y la realización de actividades solidarias, que incluirían un show gratuito en Tucumán.
Por el momento, el juez no dispuso prisión preventiva, por lo que Olguín seguirá en libertad mientras avanza la causa. Su futuro legal dependerá también de la postura que adopten los otros gobernadores afectados por el uso indebido de sus datos.
