En un fallo sin precedentes para la Justicia argentina, cuatro cazadores fueron condenados por asesinar a un yaguareté en la localidad de Estanislao del Campo, Formosa. La sentencia, que será publicada oficialmente este jueves, establece una pena de dos años de prisión para Walter Hugo Ponce De León (45), Viterman Ponce De León (38) y Claudio Cisneros (30), quienes cumplirán la condena bajo arresto domiciliario. El cuarto implicado, Máximo Cisneros (61), recibió una pena de dos años en suspenso.
Este veredicto marca un antes y un después, ya que es la primera vez en la historia del país que la Justicia sanciona penalmente a quienes matan a un yaguareté, un animal declarado Monumento Natural y protegido por la Ley 25.463. En el proceso judicial, que fue impulsado por el juez federal Pablo Morán, participaron como querellantes la Fiscalía de Estado de Formosa, la Administración de Parques Nacionales y la ONG Red Yaguareté.
Las claves de la condena
El caso se hizo público a mediados de 2024, cuando los propios cazadores se jactaron del crimen en Facebook, publicando fotografías del animal de 150 kilos ya sin vida. Según Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la ONG Red Yaguareté, estas imágenes fueron la clave para que la investigación se iniciara.
La abogada de Parques Nacionales, Natalia Cardozo, explicó que la condena se basó en una serie de factores clave que desmantelaron la estrategia de la defensa, quienes argumentaron haber actuado en defensa propia.
Prófugos y versiones contradictorias: A diferencia de Máximo Cisneros, los otros tres condenados estuvieron prófugos, un factor que influyó en la decisión judicial. Además, sus declaraciones fueron contradictorias, lo que generó dudas sobre la veracidad de su relato. La defensa alegó que el yaguareté había atacado a sus perros, pero las pruebas y testimonios mostraron que los hombres lo persiguieron con la intención de cazarlo.
Actitud post-crimen: Las fotografías de los cazadores posando con sonrisas junto al animal muerto fueron determinantes. Para los querellantes, esta actitud demostró que los imputados no consideraron su acto como algo prohibido, sino que lo exhibieron como un "objeto" de trofeo.
Celeridad y colaboración: La rápida acción de los funcionarios y la valentía de la gente al denunciar el hecho fue crucial para una investigación ágil, algo poco común en este tipo de casos.
El Yaguareté, en el centro del debate político y legal
La sentencia, además de ser un triunfo judicial, reabre el debate sobre la necesidad de actualizar la legislación vigente. La Ley Nacional de Fauna 22.421, de casi cinco décadas de antigüedad, establece penas mínimas que resultan ineficaces ante el daño ambiental que provoca la caza ilegal.
La ONG Red Yaguareté, que impulsó la causa, reclama la urgente modificación de la ley. "Es como llenar una pileta que tiene un agujero enorme", señaló Lodeiro Ocampo, y agregó que "ahora necesitamos que los diputados y senadores tomen el caso y actúen en consecuencia".
Un borrador para endurecer las penas ya está en desarrollo, siendo el octavo intento por llevar este tema al Congreso, después de que los anteriores fracasaran por falta de voluntad política.
