Una plaza histórica unida por la memoria activa
En un aniversario de profunda carga simbólica y política, la Plaza de Mayo volvió a convertirse en el epicentro del reclamo social al cumplirse 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Bajo la consigna central "Que nos digan dónde están", los organismos de Derechos Humanos lideraron una jornada marcada por la vigencia del pedido de justicia sobre el destino de los desaparecidos. La lectura del documento oficial, redactado por las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, fue el punto culminante de una movilización que se replicó en todas las plazas del país, reafirmando que la memoria se defiende activamente en las calles y que el compromiso con la verdad sigue intacto a medio siglo de la ruptura democrática.
El palco principal exhibió una imagen de unidad histórica, contando con la presencia de figuras emblemáticas como Estela de Carlotto y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quienes se ubicaron en la primera fila. Desde allí, las palabras estuvieron cargadas de referencias directas al presente político, estableciendo un puente necesario entre las luchas del pasado y la resistencia actual. Las organizaciones manifestaron encontrarse nuevamente en esa histórica plaza con la profunda convicción de que la memoria es una herramienta de lucha constante contra el olvido, afirmando de manera unánime que el ejercicio del recuerdo es también un acto de defensa de los derechos presentes.
Críticas directas al Gobierno y la cifra de los 30.000
Uno de los ejes más contundentes del documento central fue el cuestionamiento frontal a la postura oficial del Gobierno nacional. Los organismos apuntaron sus críticas hacia el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusándolos de intentar relativizar la magnitud del terrorismo de Estado y de cuestionar la cifra histórica de víctimas. En respuesta a las narrativas que ponen en duda el alcance de la represión, el documento fue tajante al afirmar que "son 30.000 y fue genocidio", una declaración que fue acompañada por un compromiso innegociable frente a la impunidad al señalar que no olvidan, no perdonan y no se reconcilian con los responsables de los crímenes.
Durante el acto, se trazó un paralelismo entre los objetivos de la dictadura y la actual coyuntura económica del país. Los organismos arengaron que aquellos detenidos desaparecidos combatían a quienes pretendían, tal como denuncian que ocurre hoy según su visión política, convertir a la Argentina en una colonia yanqui bajo la influencia del imperialismo. Esta referencia a la soberanía nacional y la reivindicación de la militancia de los años 70 despertó gritos unísonos entre los manifestantes presentes, quienes lanzaron cánticos contra la figura del mandatario, evidenciando la tensión política latente entre los sectores movilizados y la actual administración central.
El modelo económico y el terrorismo de Estado
El análisis histórico del documento no se limitó exclusivamente a la denuncia de los crímenes de lesa humanidad, sino que profundizó en las razones estructurales que motivaron el asalto al poder en 1976. Se denunció que el golpe de Estado instaló un nuevo modelo económico basado en la desindustrialización y la primarización de la economía, un proceso que estuvo acompañado por una apertura indiscriminada de las importaciones que afectó al tejido productivo nacional. Según el texto leído frente a la multitud, el terrorismo de Estado fue la herramienta necesaria utilizada para intentar desarticular el alto nivel de organización y la conciencia social que amplios sectores del pueblo habían alcanzado en aquella época.
La magnitud del aparato represivo fue detallada para recordar la sistematicidad de la violencia estatal, mencionando que se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos de detención ilegal en todo el territorio nacional. Asimismo, se remarcó el plan mediante el cual se robaron bebés y se denunció que la mayoría de los detenidos desaparecidos fueron víctimas de torturas y fusilamientos antes de su desaparición definitiva. Los organismos recordaron que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles ante la ley y enfatizaron que la desaparición forzada no debe considerarse un tema del pasado, sino una problemática dolorosa del presente que requiere respuestas urgentes por parte del Estado.
Militancia y resistencia frente al contexto regional
Finalmente, el documento vinculó la situación local con un contexto regional de avance de gobiernos de derechas que, junto con intereses imperiales, atacan a los diversos pueblos del continente. En este sentido, se reivindicó la tradición de lucha de los detenidos desaparecidos, de quienes se dijo que buscaban una sociedad sin opresión ni explotación. Los organismos convocaron a la ciudadanía a recrear esa mística de la lucha popular para enfrentar las políticas actuales de Milei y Villarruel, cerrando la jornada con un llamado a la movilización permanente en defensa de los derechos conquistados.
La desaparición forzada de personas, concluyeron los oradores, exige respuestas inmediatas y el fin del silencio sobre el paradero de las víctimas. Al cumplirse 50 años de aquel 24 de marzo, el grito por la Memoria, la Verdad y la Justicia se fusionó con la resistencia política actual, dejando claro que para estos organismos la lucha por los derechos humanos es indisociable de la lucha por un modelo de país soberano y con justicia social. La jornada finalizó con la multitud dispersándose lentamente de la Plaza de Mayo, llevando consigo el mandato de no claudicar en el reclamo por saber, finalmente, dónde están los 30.000.
