El diputado provincial y dirigente de Generar, Mamerto Acuña, presentó en la Cámara de Diputados de Catamarca un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo provincial un informe detallado sobre la situación de niñas, niños y adolescentes alojados en hogares, residencias y otros dispositivos de cuidado alternativo, como consecuencia de la aplicación de medidas excepcionales de protección de derechos.
La iniciativa apunta a conocer en profundidad las condiciones en las que funciona el sistema provincial de protección integral, con especial atención a las garantías legales que deben resguardarse cuando se dispone la separación de un niño, niña o adolescente de su entorno familiar. El requerimiento excluye expresamente a quienes se encuentran bajo el régimen penal juvenil.
El planteo legislativo contempla diferentes dimensiones del funcionamiento de estos establecimientos y de las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las infancias y adolescencias. Entre sus principales objetivos se encuentra determinar si las medidas de alojamiento conservan efectivamente su carácter excepcional y transitorio, y si existen mecanismos adecuados para priorizar la permanencia de los menores de edad en sus familias o, cuando esto no resulta posible, avanzar hacia procesos de revinculación familiar y comunitaria.
A través de este proyecto, Acuña busca que el Ejecutivo proporcione información precisa sobre las condiciones de cuidado, los procedimientos administrativos y judiciales, los recursos humanos y materiales disponibles y las estrategias que se desarrollan para restituir los derechos vulnerados.
La institucionalización debe ser una medida excepcional
Entre los fundamentos de la presentación, el legislador sostiene que la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar debe constituir una medida excepcional, sustentada en una situación concreta de vulneración de derechos y limitada al tiempo estrictamente necesario.
En esa línea, remarca que las dificultades económicas que atraviesa una familia no pueden justificar, por sí solas, la institucionalización de un niño o adolescente. Este aspecto constituye uno de los puntos centrales del planteo, porque establece la necesidad de distinguir entre las situaciones que requieren medidas de protección excepcionales y aquellas que deben abordarse mediante políticas públicas de acompañamiento y fortalecimiento familiar.
El proyecto plantea que el Estado debe priorizar las herramientas destinadas a sostener los vínculos familiares y evitar separaciones que no estén justificadas por una vulneración concreta de derechos. Para ello, también considera necesario promover alternativas de cuidado dentro de la familia ampliada o de la propia comunidad.
La iniciativa procura verificar si las decisiones de alojamiento responden a los principios que deben orientar el sistema de protección integral y si se implementan estrategias efectivas para que cada medida tenga una duración limitada, con la restitución de derechos como objetivo principal.
Establecimientos, capacidad y ocupación
Uno de los apartados más amplios del pedido de informes está relacionado con las características y el funcionamiento de los establecimientos que integran el sistema de cuidado alternativo de Catamarca.
Acuña solicita conocer la nómina completa de los establecimientos oficiales y aquellos que funcionan mediante convenios, además de información sobre su capacidad de alojamiento y el nivel de ocupación registrado. El requerimiento incluye datos sobre la cantidad de ingresos y egresos, los tiempos de permanencia de niñas, niños y adolescentes y los motivos que dieron origen a cada una de las medidas de protección.
La información solicitada permitirá conocer no solamente cuántas personas se encuentran alojadas en estos dispositivos, sino también cuáles son las circunstancias que determinaron su ingreso y cuánto tiempo permanecen bajo esta modalidad de cuidado.
El proyecto también incorpora preguntas vinculadas con las condiciones materiales y humanas de los establecimientos. En particular, requiere información sobre:
La nómina de hogares, residencias y dispositivos oficiales y conveniados.
La capacidad de alojamiento y la ocupación efectiva de cada establecimiento.
La cantidad de ingresos y egresos registrados.
Los tiempos de permanencia y los motivos que originaron las medidas excepcionales.
El personal disponible y la conformación de los equipos interdisciplinarios.
Las condiciones de infraestructura de los establecimientos.
El acceso de los alojados a los servicios de salud y educación.
La preservación de los vínculos familiares y comunitarios.
Los mecanismos de escucha y denuncia ante posibles situaciones de maltrato o violencia institucional.
Estos aspectos forman parte de un relevamiento integral que busca establecer si los dispositivos cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el cuidado y la protección de quienes se encuentran alojados.
El control de legalidad
Otro de los ejes centrales de la iniciativa está relacionado con el control de legalidad de las medidas excepcionales de protección. El proyecto solicita al Poder Ejecutivo información sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley Nacional N.º 26.061 para la notificación judicial y la revisión de las decisiones que determinan el alojamiento de niñas, niños y adolescentes fuera de su entorno familiar.
En este sentido, Acuña requiere conocer si las medidas son comunicadas a las autoridades judiciales dentro de los tiempos establecidos y si se realizan las revisiones correspondientes para evaluar su continuidad. También pide precisiones sobre los fundamentos que justifican las prórrogas de estas medidas y sobre aquellas situaciones en las que pudieran registrarse demoras en los procedimientos.
Este punto resulta relevante dentro del planteo legislativo porque la excepcionalidad de una medida no depende únicamente de las circunstancias que motivaron su adopción, sino también de que su duración y continuidad se encuentren debidamente justificadas y sometidas a los controles correspondientes.
Por ese motivo, el legislador busca determinar si existen mecanismos efectivos de seguimiento y revisión que permitan evitar que una medida transitoria se prolongue sin los fundamentos necesarios.
Atención a situaciones de mayor vulnerabilidad
La presentación también dedica un apartado específico a las necesidades particulares de determinados grupos de niñas, niños y adolescentes que requieren respuestas especializadas dentro del sistema de protección.
Entre ellos se encuentran quienes presentan alguna discapacidad, atraviesan problemáticas de salud mental o consumos, fueron víctimas de violencia, abuso, trata o explotación, se encuentran en situación de calle o pertenecen a pueblos indígenas.
Para estas situaciones, el proyecto solicita información sobre los dispositivos especializados disponibles, las prestaciones que se encuentran pendientes y los mecanismos de articulación entre las distintas áreas estatales.
En particular, busca conocer cómo se coordinan las intervenciones de los organismos de protección social, salud, educación y justicia para brindar respuestas adecuadas a las necesidades de cada caso.
La inclusión de estos aspectos apunta a conocer si el sistema dispone de recursos y herramientas específicas para atender situaciones complejas, evitando que las particularidades de cada niña, niño o adolescente queden desatendidas durante su permanencia en los establecimientos.
El pedido también pretende identificar posibles necesidades pendientes y conocer el grado de coordinación entre las áreas responsables de garantizar la protección integral de derechos.
Revinculación familiar y acompañamiento
Otro de los componentes fundamentales del proyecto presentado por Acuña está vinculado con las políticas de revinculación familiar, las alternativas de acogimiento y las estrategias de acompañamiento al egreso de los dispositivos residenciales.
El legislador solicita información sobre los programas existentes y las acciones que se desarrollan para favorecer el regreso de niñas, niños y adolescentes a sus entornos familiares o comunitarios cuando las condiciones lo permiten. Asimismo, incorpora un requerimiento específico sobre la implementación de la Ley Nacional N.º 27.364, que establece un programa de acompañamiento para jóvenes sin cuidados parentales.
El objetivo es conocer qué recursos y estrategias se encuentran disponibles para acompañar a quienes finalizan su alojamiento institucional y deben avanzar hacia una vida autónoma.
En este sentido, el pedido contempla aspectos fundamentales para la continuidad de sus proyectos de vida, entre ellos:
La continuidad educativa.
El acceso al empleo.
Las posibilidades de acceder a una vivienda.
La construcción y preservación de redes de apoyo.
Los mecanismos de acompañamiento durante el proceso de egreso.
La intención es determinar si existen políticas y recursos suficientes para evitar que el final de la permanencia institucional implique la interrupción de los procesos de acompañamiento y protección.
Presupuesto, fondos ejecutados y controles sobre los recursos
El proyecto también incorpora una dimensión presupuestaria y administrativa, mediante la solicitud de información sobre los recursos económicos destinados al funcionamiento del sistema de protección integral. Acuña requiere el detalle de las partidas correspondientes al año 2026, los fondos efectivamente ejecutados y las transferencias realizadas a las organizaciones que mantienen convenios con el Estado provincial.
Además, solicita conocer el estado de las rendiciones pendientes, las auditorías efectuadas y las previsiones de financiamiento contempladas para el año 2027.
Este apartado busca conocer cómo se distribuyen y ejecutan los recursos destinados a los dispositivos residenciales y a las políticas de protección de derechos, así como los mecanismos de control aplicados sobre esos fondos.
La información presupuestaria constituye otro de los elementos necesarios para evaluar las condiciones de funcionamiento del sistema, teniendo en cuenta que el cuidado de niñas, niños y adolescentes requiere recursos humanos, infraestructura, prestaciones y programas de acompañamiento.
