La Justicia federal dispuso una nueva medida de peso en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo ordenó peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista encargado de refaccionar la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá.
La decisión responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene delegada la investigación. El objetivo central es analizar las comunicaciones mantenidas entre Tabar y Adorni, así como recuperar mensajes que podrían haber sido eliminados o enviados bajo modalidad temporal.
El estudio técnico fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo especializado que buscará reconstruir el contenido del dispositivo, incluyendo posibles conversaciones borradas en aplicaciones como WhatsApp.
Este avance judicial se produce luego de la declaración de Tabar bajo juramento, donde aportó detalles relevantes sobre la relación contractual y las circunstancias previas a su testimonio.
Llamadas previas y sospechas de contacto
Durante su declaración, el contratista reveló un dato que encendió alertas en la investigación: aseguró haber recibido llamadas "temporales" vía WhatsApp por parte de Adorni antes de presentarse en Comodoro Py.
Según su testimonio, el funcionario le habría manifestado la necesidad de hablar con él, lo que derivó en una comunicación telefónica. En ese contexto, Adorni le habría ofrecido asesoramiento o la posibilidad de que su equipo lo contactara en relación a su declaración judicial.
Tabar explicó que inicialmente evaluó esa propuesta, pero luego consultó con una persona de confianza que lo asesoró y decidió rechazar cualquier tipo de contacto posterior. Su argumento fue claro: evitar que se interpretara que ambas partes estaban elaborando una estrategia común frente a la investigación.
Este episodio se convirtió en uno de los ejes que motivaron el pedido de medidas adicionales por parte de la fiscalía.
El rechazo al pedido de detención
En paralelo, el fiscal Pollicita resolvió rechazar un pedido de detención inmediata contra Manuel Adorni, solicitado por la diputada nacional Marcela Pagano. La legisladora había argumentado la existencia de un supuesto "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente", basado precisamente en el contacto del funcionario con un testigo clave.
Sin embargo, la fiscalía no avaló esa postura. De acuerdo a fuentes judiciales, se concluyó que no se verifican los riesgos procesales señalados, por lo que no correspondía adoptar una medida de esa magnitud. Como alternativa, Pagano había sugerido que se prohibiera al jefe de Gabinete tomar contacto con testigos, aunque esa solicitud tampoco prosperó en esta instancia.
Refacciones por USD 245.000 y pagos en efectivo
Uno de los aspectos más relevantes de la causa gira en torno a las obras realizadas en la vivienda de Adorni. Tabar detalló que fue contactado en agosto de 2024 mediante WhatsApp, cuando el funcionario le informó que estaba por adquirir una propiedad en el lote 380 del Indio Cuá Golf Club.
El contratista visitó el inmueble junto a su socia y mantuvo una reunión con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. A partir de ese encuentro, se elaboró un presupuesto inicial cercano a los USD 94.000, que posteriormente escaló hasta aproximadamente USD 245.000.
Según declaró, todos los pagos fueron realizados en efectivo, en dólares y sin emisión de facturas ni recibos. El período de ejecución de las obras se extendió entre octubre de 2024 y julio de 2025, abarcando no solo tareas estructurales sino también mejoras estéticas y de equipamiento.
Entre los trabajos realizados, el contratista enumeró:
- Remodelación de entrada, garaje y galería
- Intervenciones en escaleras, pintura interior y reparación de paredes
- Cambio de pisos por porcelanato
- Revestimiento exterior tipo tarquini
- Reforma de parrilla
- Remodelación de la pileta con cascada
- Trabajos de cocina: mesadas, isla y desayunador
- Ajustes de iluminación
- Renovación de mobiliario y mejoras generales
La vivienda, de aproximadamente 400 metros cuadrados, fue objeto de una transformación integral.
Además, Tabar entregó al fiscal documentación detallada de las compras, junto con fotos y videos del antes y después, que ahora forman parte del expediente.
Nuevos testimonios
La causa continúa en plena etapa de recolección de pruebas. Está previsto que declare Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió a los Adorni un departamento en el barrio porteño de Caballito.
Esa operación inmobiliaria también está bajo análisis: se habría concretado mediante un pago de USD 30.000 en efectivo y otros USD 200.000 sin intereses, que el funcionario deberá cancelar en noviembre próximo. En paralelo, la Justicia ya ordenó la elaboración de un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. Este estudio será determinante para establecer si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos e inversiones detectados.
En caso de encontrarse inconsistencias, el jefe de Gabinete podría ser intimado a justificar su patrimonio. De no lograrlo, el proceso podría escalar hacia un llamado a declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.
Con estas medidas, el expediente avanza hacia una etapa decisiva, donde la evidencia técnica, documental y testimonial comenzará a delinear el rumbo judicial del caso.
