El juez federal Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), por sospechas de vínculos con empresas proveedoras de comida denunciadas por entregar alimentos en mal estado a personas privadas de la libertad en el penal de Ezeiza, una causa de alcance nacional que es seguida con atención también en provincias como Catamarca.
El procedimiento se llevó a cabo el viernes por la mañana en las oficinas del titular del SPF, cargo que Martínez ocupa desde 2024, tras haber sido designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida se enmarca en una investigación que apunta a una presunta cartelización del servicio de alimentación en cárceles federales, con eje en la Unidad Penal de Ezeiza.
Según relataron fuentes policiales, el allanamiento se tornó tenso cuando Martínez entregó a la Justicia un teléfono celular que no era el de uso habitual. Al advertir la situación, los funcionarios judiciales le solicitaron el dispositivo que utilizaba diariamente, pero el director del SPF afirmó de manera sorpresiva que lo había "extraviado" ese mismo día.
Ante esa respuesta, Villena ordenó rastrear los últimos impactos del celular en antenas de telefonía móvil. El informe resultante llamó aún más la atención del magistrado: el teléfono había registrado su última conexión una hora antes del allanamiento, en inmediaciones del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. "O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar", ironizó una fuente con acceso a la causa.
Investigación por comida en mal estado en la cárcel de Ezeiza: una causa de larga data
La decisión del juez de avanzar sobre el director del SPF se vincula con una investigación que lleva años. Villena había intervenido tiempo atrás tras un habeas corpus que denunciaba la provisión de comida en mal estado en el penal de Ezeiza. En ese expediente, peritajes realizados con la ANMAT detectaron niveles de Escherichia coli por encima de los valores permitidos, lo que derivó en la prohibición a la empresa Foodrush de volver a participar en licitaciones del SPF.
Posteriormente, en una nueva licitación se presentó la firma Bio Limp, sin antecedentes en el rubro alimentario. Poco después de iniciar la provisión de comidas, se reiteraron las denuncias de los detenidos, quienes se negaban a consumir los alimentos. Incluso el propio Villena constató la situación durante una visita al penal, cuando probó la comida y horas después se descompuso. "Un asco, vomitiva", les relató luego a sus allegados.
Empresas pantalla, cartelización y la presunta responsabilidad del SPF
La investigación avanzó y reveló que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían en realidad a Foodrush. Además, se detectó que los empleados de cocina eran los mismos y que existían facturas cruzadas entre ambas empresas por alrededor de 150 millones de pesos. Para Villena, esta operatoria no podría haberse desarrollado sin el conocimiento de las autoridades penitenciarias.
Por ese motivo, además de las empresas involucradas, el juez ordenó allanamientos en oficinas del penal y del propio director del SPF. "No podían desconocer esta licitación", sostienen desde el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde aseguran que existen elementos para avanzar contra el organismo penitenciario.
La causa se profundiza y suma nuevos elementos
Durante el procedimiento, Martínez se negó a firmar una constancia por la supuesta pérdida del teléfono, una actitud que la Justicia interpretó como un desafío a la autoridad judicial. A esto se sumó otro dato que generó inquietud: el funcionario se movilizaba en una camioneta a nombre de Enrique "Quique" Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada, que se encuentra prófugo.
En paralelo, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de lo actuado, al considerar que las medidas se realizaron en un día inhábil y sin sorteo del juzgado. Desde el entorno de Villena respondieron que "si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez".
Consultado por la prensa, Villena evitó hacer declaraciones, aunque confirmó que informó la situación a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le expresó su respaldo. La causa continúa abierta y promete nuevos capítulos en una investigación que pone bajo la lupa al sistema penitenciario federal.
