La investigación judicial por el denominado escándalo de los vuelos dio un paso clave con el allanamiento a la TV Pública, donde la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a contratos.
La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, quien busca determinar si existieron dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública en relación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El procedimiento apunta específicamente a los contratos que la productora del periodista Marcelo Grandío tendría con la emisora estatal, en un intento por establecer posibles vínculos entre esos acuerdos y el financiamiento de un viaje privado que hoy se encuentra bajo investigación.
El origen del caso
El eje del expediente es un viaje en avión privado a Punta del Este, que fue compartido por Adorni, su familia y Grandío. A partir de ese episodio, la Justicia intenta determinar si el financiamiento del traslado podría encuadrarse en figuras penales vinculadas a la función pública.
El fiscal Gerardo Pollicita investiga si el pago del vuelo por parte de terceros relacionados con contratos estatales constituye el delito de dádivas y una infracción a la Ley de Ética Pública.
La hipótesis central en análisis es si el financiamiento del viaje respondió a una eventual retribución de favores, vinculada a los contratos que la productora de Grandío mantiene con la TV Pública.
Una investigación que redefine sus hipótesis
Con el avance de las actuaciones, la línea investigativa parece haberse reorientado. Según se desprende de las actuaciones, la hipótesis de las dádivas comienza a cobrar mayor peso frente a la posibilidad inicial de un caso de enriquecimiento ilícito.
En este contexto, la situación procesal de Marcelo Grandío permanece abierta. Hasta el momento no fue citado como testigo y no se descarta una futura imputación.
La evolución de la causa será determinante para definir su rol dentro del expediente.
La declaración del piloto y los detalles del vuelo
Uno de los elementos centrales incorporados a la causa es la declaración de Agustín Issin, piloto del vuelo privado. Su testimonio aportó datos relevantes sobre la operatoria y el financiamiento del viaje.
Entre los puntos más destacados de su declaración se encuentran:
- Afirmó que tanto la ida como la vuelta del vuelo fueron pagadas por Marcelo Grandío
- Indicó que la contratación se realizó a través de la empresa Alpha Centauri S.A.
- Señaló que el vuelo fue facturado a Grandío y a Imhouse S.A., su productora
Además, detalló aspectos económicos de la operación:
- Costo inicial del vuelo de regreso: US$4.800
- Descuento aplicado: US$1.800
- US$1.200 por dos plazas vacías del 12 de febrero
- US$600 por una plaza vacía del 17 de febrero
- Monto final abonado: US$3.000
El piloto explicó que esta reducción se logró mediante la utilización de plazas vacías, conocidas en el sector como "empty leg" o "pata vacía".
Forma de pago y relación comercial previa
Otro dato relevante aportado por Issin fue la modalidad de pago del vuelo de regreso. Según su declaración los US$3.000 fueron abonados en efectivo. Respecto al pago este se realizó a través de un tercero y a coordinación se llevó adelante mediante mensajes de WhatsApp y audios, de los cuales el testigo aseguró tener respaldo.
Asimismo, el piloto sostuvo que la contratación no fue un hecho aislado, sino parte de una relación comercial previa. Explicó que:
- Trabajaba habitualmente con Alpha Centauri S.A.
- Había adquirido un paquete de 10 vuelos por US$42.000
- Grandío ya había contratado sus servicios en otras oportunidades, aunque no era uno de sus principales clientes
La contradicción en las versiones
La declaración del piloto introduce un elemento de tensión en la causa, ya que contradice lo manifestado públicamente por Adorni. El jefe de Gabinete había asegurado en conferencia de prensa que se hizo cargo de sus gastos y los de su familia.
A partir de este contraste, la Justicia deberá establecer si Adorni efectivamente pagó el costo del vuelo a Grandío y si existió o no una dádiva en el marco de la relación entre ambos. Este punto se vuelve central para determinar la eventual responsabilidad penal del funcionario.
