En un clima de creciente polarización política y social, el Poder Ejecutivo ha decidido blindar las inmediaciones del Palacio Legislativo. El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, diseña un esquema de controles exhaustivos para la movilización prevista para este jueves 19 de febrero. La fecha resulta estratégica, ya que coincide con la jornada en la que la Cámara de Diputados buscará transformar en ley la reforma laboral, proyecto que ya cuenta con media sanción y representa un eje central en la agenda legislativa del Gobierno.
Esta decisión de endurecer la vigilancia responde directamente a los graves incidentes registrados el miércoles pasado frente al Congreso. Durante aquella jornada de protesta, grupos de extrema izquierda y manifestantes encapuchados arrojaron bombas molotov contra los efectivos de seguridad, resultando en la judicialización de 26 personas, entre las que se encontraba un menor de 16 años con antecedentes por robo. Para la cartera de Seguridad, estos antecedentes justifican la elaboración de medidas extremas destinadas a controlar a los manifestantes y prevenir riesgos, procurando que las acciones no pongan en peligro la integridad de los civiles ni del personal uniformado.
El plan operativo que estudia el Ministerio incluye la revisión sistemática de mochilas, la regulación del uso de banderas y el control estricto de los vehículos, como camionetas y micros, que transportarán a los activistas desde distintos puntos. Asimismo, se dispondrá un vallado preventivo en toda la zona aledaña al Congreso de la Nación y la Casa Rosada. Para sustentar estas acciones, los funcionarios de La Libertad Avanza se amparan en el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el artículo 6 del Decreto 383/2025, que facultan a la policía para realizar requisas sin orden judicial cuando existan circunstancias razonables que permitan presumir la existencia de un delito y no se pueda esperar la intervención de un juez por riesgo de pérdida de pruebas.
Desde la Casa Rosada descreen del poder de convocatoria que puedan llegar a tener estos grupos en esta ocasión. El análisis oficial se apoya en dos factores: el paro de transporte será total, lo que impone una dificultad logística insalvable, y los gremios más numerosos, junto a organizaciones como el MTE, el Movimiento Evita y Barrios de Pie, han decidido no movilizar. De hecho, la mesa nacional de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) resolvió sumarse al paro de la CGT de manera activa con cortes de ruta y ollas populares en todo el país, pero acercará solo una pequeña delegación al Congreso para acompañar la jornada.
A diferencia de la conducción cegetista, que convocó a un paro sin movilización, otras organizaciones han confirmado su presencia en las calles. Marcharán los sectores enrolados en el Frente de Sindicatos Unidos, integrado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Federación Aceitera y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), junto a las dos CTA y agrupaciones como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) liderada por Juan Carlos Alderete. Las organizaciones de izquierda y los grupos piqueteros también han llamado a confluir masivamente en el centro porteño.
Esta división en la estrategia sindical fue duramente criticada por los referentes del PTS-Frente de Izquierda. Los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño denunciaron que la conducción de la CGT busca limitar la fuerza popular y debilitar la capacidad de voltear la reforma. Bregman alertó además sobre la incertidumbre en el cronograma legislativo debido a la "rosca" en el Congreso, señalando que aún no hay certeza sobre si el debate final ocurrirá el 19 o el 25 de febrero. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad mantiene el despliegue preventivo para asegurar que, independientemente de la fecha, el orden público no se vea alterado por los grupos de choque identificados en manifestaciones previas.
