Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios introducidos por el Gobierno de Javier Milei en el sistema de discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, pese a integrar la mesa política del oficialismo y ejercer como jefa de bloque. La legisladora manifestó su malestar por haberse enterado de las modificaciones a través del propio texto presupuestario y advirtió sobre las consecuencias políticas que genera la falta de información entre quienes deben defender las iniciativas del Gobierno en el Congreso. La situación fue también reportada este jueves por medios nacionales a partir de sus declaraciones en Radio Rivadavia.

La declaración de Bullrich expuso un problema de coordinación interna en un momento en que el tratamiento del Presupuesto 2027 adquiere particular importancia para el oficialismo. Según explicó, el tema de discapacidad no había sido puesto sobre la mesa durante las reuniones políticas y las modificaciones llegaron incorporadas al proyecto sin previo aviso para los socios de la coalición.

"No nos enteramos, yo no miento, es la verdad"

En declaraciones al periodista Ignacio Ortelli, por Radio Rivadavia, Bullrich reconoció que el tema "no salió a la luz" durante las reuniones de la mesa política. La senadora remarcó que los cambios no eran conocidos por quienes integran ese espacio y expresó su molestia por la situación.

"No nos enteramos, yo no miento, es la verdad", enfatizó. La dirigente explicó que el problema adquiere una dimensión particular cuando los legisladores aliados deben concurrir al Congreso para defender una iniciativa que no conocían en esos términos. En ese escenario, sostuvo, quedan expuestos ante sus propios bloques y también frente a la oposición.

"Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones", lamentó.

La cuestión no se limita, según sus propias palabras, al desconocimiento personal de las modificaciones. Bullrich planteó que cuando un jefe de bancada forma parte de la mesa donde se analizan las cuestiones políticas y legislativas, pero no recibe información sobre el contenido con el que finalmente llega un proyecto al Congreso, se genera una dificultad en la relación entre los distintos sectores del oficialismo y sus aliados.

Un acuerdo previo que queda bajo tensión

Bullrich también reconoció que en la Cámara de Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores de la oposición para abordar la problemática de discapacidad "de determinada manera".

La aparición de los nuevos artículos dentro del Presupuesto 2027 modifica ese escenario y pone en cuestión aquel entendimiento parlamentario. La senadora recordó además que el Senado funciona como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá aguardar el texto que eventualmente sea aprobado por Diputados antes de fijar una posición definitiva.

"Está bastante peliaguda la discusión", reconoció. De esta manera, el tratamiento de las modificaciones sobre discapacidad queda vinculado tanto con la discusión presupuestaria como con las negociaciones políticas que se desarrollan entre el oficialismo y los distintos sectores que participan del debate legislativo.

Críticas desde la oposición

Las modificaciones también generaron reacciones inmediatas entre legisladores opositores. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como "ilegales e inconstitucionales" y sostuvo que el proyecto apunta a "desmantelar" la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Por su parte, el legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, señaló que las modificaciones aparecieron después de que La Libertad Avanza hubiera impulsado, junto con bloques afines, una iniciativa propia para abordar la emergencia en discapacidad. Según planteó, el contenido real de las modificaciones no había sido revelado en ese proceso.

Las posiciones expresadas por los legisladores opositores se contraponen con la explicación de Bullrich sobre el desconocimiento que manifestó dentro del propio espacio oficialista.

Cambios estructurales en el sistema de discapacidad

El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora, dentro de su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que introducen modificaciones permanentes en distintos pilares del sistema de atención a personas con discapacidad.

Entre los aspectos señalados en la información base aparecen cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, Ley 27.793, y modificaciones profundas sobre la Ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral. Uno de los puntos centrales está relacionado con el Nomenclador de Prestaciones Básicas. El texto establece que dejará de incluir "valores universales", lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, empresas de medicina prepaga y prestadores.

De acuerdo con el planteo incluido en el material, el cambio implicaría que las familias de personas con discapacidad deban negociar individualmente con sus coberturas el valor correspondiente a terapias y tratamientos. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, expresó su rechazo a esta modificación durante una entrevista con Radio Con Vos y calificó la desregulación del nomenclador único como "letal".

Pensiones, CUD y compatibilidad laboral

Otro de los cambios centrales mencionados en el proyecto es la reinstalación del esquema de pensión por invalidez laboral. Según la información proporcionada, esto significaría que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) dejaría de funcionar como garantía directa de acceso a las prestaciones.

También se modificaría la relación entre el beneficio y la actividad laboral. Las personas que tengan empleo registrado o estén inscriptas en el monotributo perderían la compatibilidad con ese beneficio, una condición que hasta ahora permitía que muchas personas con discapacidad pudieran trabajar sin perder su cobertura.

El cambio, por lo tanto, alcanza tanto al mecanismo de acceso como a la relación entre la prestación y la posibilidad de desarrollar una actividad laboral formal.

Prestaciones y actualización de valores

El proyecto también modifica el sistema mediante el cual se determinan y actualizan los valores de las prestaciones. Según el texto informado, los montos dejarían de actualizarse de manera automática y mensual. El Gobierno establecería los valores de acuerdo con su propio criterio y lo haría con una periodicidad trimestral.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC solamente sería utilizado si el ajuste correspondiente no se realiza en tiempo y forma. A su vez, se elimina el estudio anual de costos de cada prestación, mecanismo que incorporaba a los aranceles los aumentos registrados en distintos componentes que podían no quedar reflejados en la inflación general.

De este modo, la discusión abierta a partir del Presupuesto 2027 concentra varios aspectos del sistema: el nomenclador, los valores de las prestaciones, las actualizaciones, las pensiones, el Certificado Único de Discapacidad y la compatibilidad entre los beneficios y el trabajo registrado.