El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de Catamarca dieron un nuevo paso en materia de cooperación institucional al avanzar en la firma de un convenio marco que permitirá implementar un mecanismo de movilidad y selección de agentes públicos destinado a cubrir vacantes dentro del ámbito judicial provincial.

La iniciativa establece un sistema que busca aprovechar y potenciar los recursos humanos ya existentes dentro de la administración pública provincial, generando una herramienta que facilite la incorporación de personal calificado al Poder Judicial a partir de trabajadores que actualmente cumplen funciones en los otros poderes del Estado.

El acuerdo fue suscripto por el gobernador Raúl Jalil, el senador Ramón Figueroa Castellanos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y los ministros de la Corte de Justicia, Hernán Martel y Jorge Bracamonte.

Durante la firma también participaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y la asesora general de Gobierno, Mara Murua, quienes acompañaron la formalización de una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos institucionales entre los distintos poderes y mejorar los mecanismos de gestión del personal estatal.

Un sistema orientado a profesionales con formación universitaria

El convenio establece que el nuevo mecanismo estará dirigido principalmente a profesionales que cuenten con título universitario y que actualmente se desempeñen como empleados de planta permanente dentro de los poderes Ejecutivo y Legislativo. De esta manera, el Poder Judicial podrá acceder a perfiles profesionales ya incorporados al Estado provincial para cubrir necesidades específicas dentro de su estructura administrativa y funcional.

La medida apunta a generar una vía institucional para que trabajadores con formación académica puedan participar de procesos de selección destinados a ocupar vacantes judiciales, manteniendo un esquema basado en criterios objetivos y regulados.

Según lo establecido en el acuerdo, el sistema priorizará la incorporación de agentes con formación universitaria, aunque también contempla situaciones excepcionales vinculadas a requerimientos específicos del servicio.

La incorporación de perfiles técnicos especializados

El convenio prevé además la posibilidad de ampliar el universo de postulantes cuando las necesidades operativas del Poder Judicial así lo requieran. En esos casos, podrán ser considerados agentes que posean títulos intermedios o formación técnica vinculada a áreas tecnológicas estratégicas.

Entre las especialidades contempladas se encuentran:

• Informática.

• Programación.

• Sistemas.

• Tecnologías de la información.

La inclusión de estos perfiles responde a la posibilidad de que determinadas funciones requieran conocimientos técnicos específicos para atender demandas particulares dentro del ámbito judicial.

Concursos y procesos de selección

Uno de los aspectos centrales del convenio es la definición de los mecanismos mediante los cuales se realizará la selección de los agentes interesados en incorporarse al Poder Judicial. El acuerdo establece que todos los postulantes deberán atravesar instancias de evaluación compuestas por:

• Concursos de antecedentes.

• Evaluaciones de mérito.

• Entrevistas personales.

Estos procedimientos estarán sustentados en principios de:

• Transparencia.

• Igualdad de oportunidades.

• Idoneidad.

La participación en el sistema será de carácter voluntario para los agentes que decidan postularse, mientras que la reglamentación específica del proceso quedará bajo la órbita del Poder Judicial, que será el encargado de establecer las condiciones operativas para su implementación.

Garantías laborales para los agentes seleccionados

El convenio también incorpora disposiciones destinadas a preservar los derechos laborales de quienes resulten seleccionados para desempeñarse en el ámbito judicial. En ese sentido, se establece que los agentes que accedan a una vacante serán transferidos junto con sus respectivos cargos y partidas presupuestarias, garantizando así la continuidad administrativa y financiera del proceso.

Además, el acuerdo contempla una serie de resguardos para los trabajadores involucrados.

Entre las garantías previstas figuran:

• Conservación de la antigüedad laboral.

• Transferencia del cargo al Poder Judicial.

• Traslado de la partida presupuestaria correspondiente.

• Garantía de percibir, como mínimo, el mismo salario que reciben en el organismo de origen.

Estas condiciones buscan brindar seguridad laboral a quienes decidan participar del mecanismo de movilidad, evitando que el cambio de dependencia implique una afectación de sus derechos adquiridos.

Cooperación institucional 

La creación de este sistema de movilidad constituye uno de los principales objetivos planteados en el convenio marco firmado por los tres poderes del Estado provincial. La iniciativa apunta a fortalecer la cooperación institucional mediante un esquema de trabajo coordinado que permita aprovechar las capacidades profesionales existentes dentro de la administración pública.

Al mismo tiempo, busca optimizar los recursos humanos disponibles, facilitando la cobertura de vacantes en el Poder Judicial a través de procedimientos regulados y basados en criterios de selección previamente establecidos.

De esta manera, el acuerdo procura generar mecanismos que permitan una mejor articulación entre las estructuras estatales, favoreciendo la circulación de conocimientos y experiencias profesionales dentro del sector público provincial.

Vigencia y proyección del acuerdo

El convenio tendrá una vigencia inicial de un año y contará con un mecanismo de renovación automática, lo que permitirá dar continuidad al sistema en el tiempo.

Durante ese período, el Poder Judicial podrá avanzar en la reglamentación de los procedimientos y en la implementación de los concursos previstos para la cobertura de vacantes. Con la firma de este acuerdo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial consolidan una herramienta institucional destinada a fortalecer la gestión pública, promover la movilidad de profesionales dentro del Estado y generar mecanismos de selección orientados a responder a las necesidades del servicio mediante criterios de transparencia, igualdad de oportunidades e idoneidad.