En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Ariel Lijo, quien ejerce de manera temporal el juzgado previamente liderado por Sebastián Casanello, dispuso un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval. Dichos audios mencionan el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en la adquisición de medicamentos de alto costo.
El principal imputado, el exdirector de la Andis Diego Spagnuolo, sostiene que las grabaciones son falsas. Para esclarecer la autenticidad, integridad y procedencia de estas pruebas digitales, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico.
Estrategia de la defensa
La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D'Alessandro, busca demostrar que las grabaciones fueron alteradas o montadas maliciosamente, con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones.
Como parte de esta estrategia, se designó al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok como perito de parte. Torok presentó un pliego de diez puntos de pericia, orientados a:
- Auditar la cadena de custodia del material.
- Verificar la existencia de saltos temporales o ediciones digitales.
- Determinar si el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos de ambientes públicos con fragmentos de llamadas telefónicas.
Además, la defensa aportó un informe privado previo realizado en España, que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.
En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para supervisar la pericia, mientras que firmas farmacéuticas y empresarios involucrados sumaron sus propios técnicos al proceso.
Red de sobreprecios y desvío de fondos
Aunque los audios concentran la atención mediática, las autoridades judiciales remarcaron que la causa no se sostiene únicamente en ese material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes.
Spagnuolo se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de:
- Asociación ilícita
- Fraude al Estado
- Cohecho pasivo
- Negociaciones incompatibles
Además, enfrenta un embargo de 202.000 millones de pesos.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada, donde exfuncionarios de la Andis direccionaban licitaciones públicas, detectándose sobreprecios millonarios tanto en remedios complejos como en insumos ortopédicos básicos, incluidos andadores.
Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas, aunque la investigación sigue los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa.
Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas.
Perspectivas y próximos pasos
El peritaje de la Gendarmería Nacional se convierte en un eslabón decisivo para establecer la veracidad de los audios, aunque la causa ya cuenta con una base documental sólida que incluye contratos, licitaciones y registros financieros. La combinación de pericias oficiales y peritos de parte permitirá, en los próximos meses, delinear con mayor precisión el alcance de la presunta red de corrupción y sus mecanismos de sobrecostos y desvíos de fondos.
El caso Andis refleja la complejidad de la corrupción en organismos estatales, donde la investigación requiere un cruce de pruebas tecnológicas, contables y legales. La definición sobre la autenticidad de los audios será, sin duda, un punto crítico para la continuidad del proceso judicial y para determinar la responsabilidad de los involucrados.
