La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este miércoles que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al sostener que la condena que la inhabilita de manera perpetua para ejercer cargos públicos vulnera garantías fundamentales reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

La decisión fue comunicada a través de una columna publicada simultáneamente en medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia, al mismo tiempo que su equipo de abogados encabezó una conferencia de prensa para oficializar la presentación de una comunicación individual ante el organismo con sede en Ginebra.

Con esta iniciativa, la ex mandataria busca que un organismo internacional analice el proceso judicial que culminó con su condena y la consecuente inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.

El rol del Comité de Derechos Humanos de la ONU

La presentación deberá atravesar una primera instancia en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que evaluará inicialmente la admisibilidad del planteo.

Si el organismo considera que la comunicación reúne los requisitos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el caso.

Ese procedimiento constituye el primer paso dentro del trámite internacional impulsado por la defensa de Cristina Kirchner, que sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos y garantías fundamentales.

Vulneración de garantías

En el artículo difundido este miércoles, Cristina Kirchner afirmó que el objetivo de la presentación internacional no responde a una simple disconformidad con las decisiones adoptadas por la Justicia argentina. Según expresó, la intención es someter al análisis del Derecho Internacional la actuación de quienes intervinieron en su juzgamiento.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", sostuvo la ex presidenta en el texto.

Además, argumentó que cuando el Poder Judicial deja de desempeñar su función como garante de derechos y pasa a intervenir en la competencia política, se produce un deterioro de la calidad democrática.

La condena y la denuncia de una "proscripción"

Dentro de su planteo, Cristina Fernández de Kirchner calificó la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada "Causa Vialidad" como una forma de "proscripción".

En ese contexto, destacó que la condena alcanza a "la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina". Asimismo, sostuvo que el expediente estuvo atravesado por arbitrariedades incompatibles con las garantías judiciales y denunció un contexto de hostilidad que, a su juicio, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural dentro de determinados sectores del sistema judicial.

La ex mandataria también aseguró que la situación trasciende su caso personal y sostuvo que la condena afecta igualmente el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.

La referencia al atentado de 2022

Dentro de los argumentos expuestos en la columna, Cristina Kirchner incorporó además una referencia al atentado sufrido el 1 de septiembre de 2022. En el texto sostuvo que aquel hecho constituyó "un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática".

La ex presidenta incorporó ese episodio como parte del contexto que, según plantea, rodeó el desarrollo del proceso judicial y político.

Un equipo internacional para la presentación

Con el propósito de impulsar la estrategia jurídica ante organismos internacionales, la defensa de Cristina Kirchner incorporó a dos especialistas extranjeros.

Uno de ellos es el jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. También se sumó el ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego.

Ambos participaron de la presentación oficial junto al abogado Alberto Beraldi, quien integra la defensa de la ex mandataria. La incorporación de estos especialistas forma parte de la estrategia diseñada para respaldar la comunicación presentada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El planteo sobre un proceso imparcial

En la columna difundida internacionalmente, Cristina Kirchner sostuvo que no pretende recibir un tratamiento excepcional. Por el contrario, afirmó que su reclamo consiste en obtener un proceso que sea "imparcial, independiente" y compatible con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino.

La ex presidenta remarcó que el eje de su planteo está centrado en el respeto de las garantías judiciales previstas por los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La situación judicial de la ex presidenta

Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente arresto domiciliario, luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en la denominada "Causa Vialidad".

El fallo fue confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025. Posteriormente, en julio de 2026, el máximo tribunal del país también dejó firme el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos dispuesto dentro del mismo expediente.

Estos antecedentes constituyen el marco judicial sobre el cual se apoya la presentación realizada ahora ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

En el tramo final de su columna, Cristina Kirchner afirmó que continuará sosteniendo su inocencia mediante todos los mecanismos contemplados por el Estado de Derecho. La ex mandataria expresó que la defensa de las garantías judiciales no constituye únicamente una cuestión vinculada con su situación personal, sino que representa un tema de interés para toda la sociedad.

Con ese argumento, justificó la decisión de acudir a la instancia internacional para que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas analice las actuaciones vinculadas con su condena.