Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio formalizaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios, por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), exigida por el Decreto 202/2017.
La constancia de presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto titulado "DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS". El planteo no sólo apunta al ministro, sino que también solicita investigar la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del funcionario y directiva de la entidad adjudicataria.
Los denunciantes pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, "una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada", según consignaron en el escrito.
La adjudicación bajo la lupa
El eje de la denuncia se sitúa en la contratación de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). De acuerdo con la presentación, la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, mediante la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por un monto de $114.044.133, con opción de prórroga.
El objeto del contrato fue la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025-2027.
Entre los puntos técnicos destacados en la disposición se detalló:
La existencia de una Declaración Jurada de Intereses.
La identificación de un "vínculo positivo" entre Rouillet y Sturzenegger.
La activación de los procedimientos previstos en el artículo 4° del Decreto 202/2017, que incluyen:
Comunicación a la OA.
Comunicación a la SIGEN.
Sugerencia de un Pacto de Integridad.
Publicación de las actuaciones en el sitio del ministerio.
Este reconocimiento formal del vínculo y la activación de los mecanismos previstos por la normativa constituyen, según el propio texto de la disposición, el encuadre administrativo adoptado frente a la situación.
La presunta omisión y el eje del conflicto
El núcleo de la denuncia radica en que, según los presentantes, al consultar el buscador de "Casos informados a la OA", constataron que al 15 de febrero de 2026 no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso.
A criterio de los denunciantes, esa ausencia configuraría una omisión en el cumplimiento de un requisito "clave" de transparencia, previsto por el Decreto 202/2017. El escrito sostiene que la publicación en el sitio de la Oficina Anticorrupción no constituye un aspecto accesorio, sino un elemento central del sistema de integridad diseñado para casos donde existan posibles conflictos de interés.
En el capítulo titulado "Derecho", la presentación encuadró los hechos en los posibles delitos de:
Incumplimiento de deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal).
Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (artículo 265).
De este modo, la denuncia no sólo cuestiona un aspecto administrativo, sino que proyecta la discusión hacia el plano penal.
El antecedente de 2024 y la dimensión pública
El escrito introduce además un antecedente: asegura que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre "idénticos contratantes" y solicita verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, así como si esa eventual actualización fue publicada en el sitio de la OA.
El caso tomó dimensión pública tras una investigación periodística de la Agencia Noticias Argentinas, que reveló la adjudicación de $114.044.133 a la entidad dirigida por Rouillet. A partir de esa publicación se produjo un cruce público en el que el canciller Pablo Quirno negó irregularidades.
Según lo consignado, Quirno afirmó que la Cancillería contrata a la AACI "desde 2018" y sostuvo que, al existir vínculo familiar, se activó el procedimiento de integridad con intervención de la OA y la SIGEN.
Un expediente en manos de la Justicia
La denuncia ya ingresó formalmente al circuito judicial para su sorteo, abriendo un proceso que deberá determinar si existió o no la omisión señalada y, en su caso, si ello reviste relevancia penal. El expediente articula elementos administrativos —declaraciones juradas, mecanismos de integridad, procedimientos de publicidad— con tipificaciones del Código Penal, y coloca en el centro del debate el alcance efectivo de los instrumentos de transparencia previstos por el Decreto 202/2017.
La cuestión de fondo no sólo involucra la contratación específica por $114.044.133 y el marco del PEC 2025-2027, sino también la correcta implementación de los mecanismos diseñados para prevenir conflictos de interés en la administración pública. El desarrollo judicial del caso será el que determine si la presunta omisión denunciada constituye un incumplimiento formal o si, por el contrario, configura alguna de las figuras penales invocadas en la presentación.
