El tratamiento de la reforma laboral en el Congreso de la Nación ha ingresado en una fase de definiciones críticas que podría alterar significativamente los tiempos previstos por el Poder Ejecutivo. El eje del conflicto se centra actualmente en la regulación de las licencias médicas, un apartado que ha despertado una fuerte polémica y que ha obligado a las principales fuerzas políticas a fijar posiciones determinantes frente a la opinión pública. En este escenario de alta tensión, el kirchnerismo, a través de sus principales espadas legislativas, ha lanzado una advertencia contundente que condiciona el avance de la norma: cualquier alteración en el texto que recibió media sanción en la Cámara Alta implicará, por mandato constitucional, el retorno del proyecto al punto de origen.
El jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, fue el encargado de clarificar la postura de la oposición ante la posibilidad de que La Libertad Avanza (LLA) introduzca correcciones en el articulado original. Según explicó el legislador de manera previa al debate en comisiones, el rol de la Cámara Baja en esta instancia es estrictamente el de una cámara revisora, lo que conlleva obligaciones procedimentales ineludibles que no pueden obviarse por conveniencia política. Martínez fue tajante al afirmar que cualquier cambio que el oficialismo pretenda realizar al proyecto forzará a que la iniciativa deba volver obligatoriamente al Senado para un nuevo tratamiento.
Desde la óptica de Unión por la Patria, la estrategia no se limita únicamente a la modificación de puntos específicos, ya que el bloque parte de un rechazo integral a la propuesta oficialista. Sin embargo, el diputado hizo especial hincapié en que, si se introdujeran cambios, el Senado, como cámara de origen, tendría que volver a dictaminar a favor o en contra de las modificaciones introducidas en Diputados para que finalmente pueda existir o no una ley. De esta manera, el kirchnerismo busca resaltar que el camino hacia la sanción definitiva es aún sinuoso y que el oficialismo no cuenta con un cheque en blanco para alterar lo ya acordado en la Cámara Alta.
La advertencia sobre la judicialización y el rol sindical
Más allá del debate estrictamente parlamentario, Germán Martínez introdujo un elemento de presión adicional que podría complicar la aplicación de la reforma incluso si esta fuera aprobada: la vía de la judicialización. En declaraciones brindadas a Futuröck FM, el legislador advirtió que la reforma laboral podría enfrentar severos desafíos en los tribunales una vez convertida en ley. No obstante, aclaró que esta acción legal debería ser impulsada primordialmente por los sectores que se consideren directamente perjudicados por la nueva normativa, sugiriendo una coordinación necesaria con el movimiento obrero.
Para el jefe de bloque opositor, cualquier acción en ese sentido debería ser coordinada con los sindicatos, trabajando sobre el texto definitivo que emane del Congreso. Esta postura busca vincular la lucha legislativa con la resistencia gremial, planteando que la legitimidad de la norma será cuestionada en el plano judicial si se vulneran derechos que las centrales obreras consideran innegociables. La judicialización aparece así como una sombra que persigue al proyecto oficialista, sumando incertidumbre sobre su efectividad a largo plazo.
La respuesta oficialista: cambios ante la controversia
Por el lado del oficialismo, la respuesta ante el descontento social y político no se hizo esperar, aunque esto implique abrir la puerta a los retrasos parlamentarios advertidos por la oposición. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó que el Gobierno ha tomado nota de las críticas y se encuentra trabajando activamente en una modificación del punto ligado a los descuentos salariales por enfermedad. La polémica se había encendido ante la posibilidad de reducir los haberes de trabajadores en uso de licencia médica, lo que llevó a la exministra de Seguridad a anunciar una excepción clave para situaciones de extrema vulnerabilidad de salud.
Bullrich adelantó que se buscará garantizar el 100% del salario cuando se trate de enfermedades severas, patologías degenerativas o cuadros de salud irrecuperables. La legisladora enfatizó que esta medida solo se aplicará cuando exista una corroboración fehaciente del caso, buscando un equilibrio entre la protección del trabajador genuinamente enfermo y el control del ausentismo. En declaraciones a TN de Noche, la senadora explicó que todavía se está debatiendo si este cambio se concretará mediante una modificación en Diputados, por vía de la reglamentación posterior o incluso a través de una ley complementaria, consultando estos pasos con la mesa política y con el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem.
Finalmente, Bullrich justificó la necesidad de un sistema de control más riguroso para terminar con lo que denominó la "Argentina trucha", haciendo referencia al uso excesivo de certificados psiquiátricos en el ámbito laboral. Según su visión, es imperativo desarmar una industria de licencias irregulares mediante certificaciones claras y cerradas que no dejen margen a la interpretación ambigua. Este endurecimiento de los controles médicos es, para el oficialismo, una pieza central de la modernización laboral, aunque su implementación técnica sea hoy el principal escollo para una sanción rápida en el Congreso.
