La gestión del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ha tomado una decisión determinante en el plano judicial tras el siniestro que conmocionó al barrio porteño de Parque Patricios. Este miércoles 25 de marzo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó formalmente constituirse como querellante en la investigación penal que busca determinar las responsabilidades detrás del derrumbe ocurrido el pasado 3 de marzo en el complejo de edificios denominado "Estación Buenos Aires". La medida fue canalizada a través del procurador general de la Ciudad, Martín Ocampo, quien presentó la documentación pertinente ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de la fiscal María del Rosario Selvatici. Con este movimiento, el Ejecutivo porteño busca dejar de ser un observador externo para convertirse en una parte activa del proceso judicial, alegando que el Estado local ha sido una víctima directa de las consecuencias del colapso estructural ocurrido en la zona sur de la Capital Federal.
De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la decisión de intervenir como querellante responde a una estrategia integral que combina la protección de los intereses patrimoniales del Estado con una función de acompañamiento social. La administración sostiene que el hecho afectó gravemente la seguridad pública y que la participación del Ejecutivo en el proceso judicial, en calidad de tercero, permitirá colaborar de manera más estrecha con los vecinos damnificados y propietarios del complejo. El documento presentado ante la fiscalía es taxativo al respecto, señalando que este hecho configura una afectación actual sobre los servicios y funciones institucionales que excede la mera repercusión general, colocando al Gobierno en una posición de víctima directa por las erogaciones y recursos públicos comprometidos en la emergencia.
Uno de los pilares del argumento oficial para ser aceptado como querellante es la magnitud del operativo de respuesta que debió financiarse con fondos estatales. Tras el colapso el 3 de marzo, la Ciudad debió movilizar una estructura de emergencia extraordinaria para mitigar los riesgos latentes en el complejo habitacional. En el descargo judicial se puso sobre la mesa la intervención multidisciplinaria de diversas áreas operativas, donde se destacó la labor de los Bomberos de la Ciudad y efectivos policiales encargados de las tareas de rescate iniciales y el acordonamiento perimetral. Asimismo, el personal del SAME y Defensa Civil asumió la responsabilidad de la atención sanitaria de urgencia y la evaluación técnica de los riesgos estructurales inmediatos para la población.
Por otro lado, la Guardia de Auxilio desempeñó un rol crucial con personal especializado que trabajó en la estabilización de los restos de la estructura y la prevención de nuevos derrumbes en edificios linderos. De forma paralela, se activaron dispositivos de contención y asistencia destinados a la gestión de alojamiento transitorio para las familias que fueron desplazadas de sus hogares debido al peligro inminente. Además de la movilización de personal, el Gobierno porteño coordinó los cortes de suministros básicos, las restricciones a la circulación vehicular y peatonal, y las clausuras preventivas necesarias para garantizar la seguridad del área circundante a Estación Buenos Aires. Todas estas acciones supusieron un gasto y una logística que la Procuración General pretende utilizar como base para su legitimación en la causa.
Al constituirse como parte en el expediente que tramita la Fiscalía N° 31, la Ciudad busca ejercer sus derechos como parte perjudicada, alegando que el colapso interfirió directamente con el normal funcionamiento de las instituciones y los servicios públicos. El objetivo final es tener acceso directo al legajo de investigación y colaborar activamente en el esclarecimiento de las causas técnicas que provocaron la falla en la estructura de estacionamiento del complejo. Esta participación permitirá al Ejecutivo proponer medidas de prueba, peritajes técnicos y tener un seguimiento pormenorizado de las responsabilidades que pudieran recaer sobre empresas constructoras, profesionales o entes de control involucrados en la edificación. Con la edición de este informe a las 16:00 horas del miércoles, queda claro que la administración de Jorge Macri busca sentar un precedente sobre la responsabilidad civil y penal en obras de gran escala que comprometen la vida y el patrimonio de los vecinos.
