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Para el segundo semestre

El Gobierno acelera la reforma electoral y prepara una negociación clave con gobernadores y oposición

La Casa Rosada definió la reforma política como el principal desafío parlamentario de los próximos meses y busca transformar las reglas electorales antes de los próximos comicios. El oficialismo deberá construir acuerdos en el Congreso mientras avanza en paralelo con proyectos económicos considerados estratégicos para la agenda del Gobierno.

11 Julio de 2026 00.32

El Poder Ejecutivo Nacional ya estableció la hoja de ruta parlamentaria para el segundo semestre y ubicó a la reforma política y electoral como el eje central de las negociaciones con los gobernadores y los bloques de la oposición dialoguista.

Luego de los encuentros mantenidos en los últimos días por el presidente Javier Milei con su equipo de confianza, la Casa Rosada aceleró la elaboración de los borradores destinados a avanzar con una transformación profunda del sistema de votación argentino de cara a los próximos turnos electorales.

La estrategia oficial apunta a modificar aspectos centrales de la dinámica electoral, aunque para concretar esos cambios deberá atravesar un escenario de negociación política debido a la necesidad de alcanzar consensos amplios dentro del Congreso.

Las conversaciones parlamentarias están concentradas en una mesa política integrada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la senadora Patricia Bullrich y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El esquema diseñado por el oficialismo contempla utilizar todo el mes de agosto para construir los acuerdos y las mayorías especiales necesarias, con el objetivo de que el proyecto definitivo llegue con dictamen al recinto del Senado durante septiembre.

El desafío de conseguir mayorías y modificar las reglas electorales

La reforma electoral requiere de mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso, un requisito que impide que La Libertad Avanza pueda avanzar únicamente con sus propios votos.

Esta limitación obliga al Gobierno a adaptar la iniciativa y abrir espacios de negociación con los mandatarios provinciales, quienes tendrán un rol determinante en la definición final del proyecto.

Entre los principales puntos que integran la propuesta oficial se encuentran:

  • Eliminación de las PASO: el Gobierno mantiene su intención de suprimir las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, bajo el argumento de que la medida permitiría generar un ahorro de recursos fiscales y simplificar el calendario electoral.
  • Ficha Limpia: la iniciativa busca establecer de manera definitiva la inhabilitación para competir por cargos públicos nacionales para aquellos candidatos que tengan condenas judiciales confirmadas.
  • Financiamiento político: el proyecto contempla modificaciones en el esquema de aportes y gastos que realizan los partidos políticos durante el desarrollo de las campañas electorales.

Estos cambios forman parte de una discusión más amplia sobre el funcionamiento del sistema político y las condiciones bajo las cuales los partidos competirán en los próximos procesos electorales.

La discusión por las PASO y la alternativa de las listas colectoras

Uno de los puntos que genera mayores tensiones dentro de la negociación es la eliminación total de las PASO.

Ante la resistencia de varios gobernadores a suprimir las primarias de manera definitiva, el oficialismo trabaja en una propuesta alternativa que permita encontrar un punto de acuerdo entre las distintas posiciones.

La Casa Rosada analiza introducir modificaciones a la ley de Boleta Única de Papel para habilitar un sistema de listas colectoras en las elecciones nacionales.

La alternativa en estudio permitiría que cada fuerza provincial pueda presentar diferentes candidatos al Congreso de la Nación vinculados a un único candidato presidencial.

De esta manera, el Gobierno busca compatibilizar su objetivo de modificar el sistema electoral con las demandas planteadas por sectores provinciales que no acompañan una eliminación completa de las primarias.

La agenda económica avanza en paralelo en el Senado

Aunque la reforma política concentra actualmente la mayor parte de las negociaciones partidarias, la Casa Rosada también mantiene activa su agenda legislativa económica con proyectos considerados centrales.

Entre ellos se destaca la media sanción de la reforma al Régimen de Zona Fría, una iniciativa que apunta a limitar los subsidios al gas residencial exclusivamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe.

El cambio implicaría eliminar el beneficio automático que actualmente alcanza a 55 ciudades bonaerenses, entre ellas Mar del Plata y Bahía Blanca, además de sectores de Córdoba y Santa Fe.

En paralelo, el Gobierno espera avanzar con dos leyes económicas de relevancia:

  • Modificación de la Carta Orgánica del Banco Central: el objetivo es establecer por ley la prohibición del financiamiento al Tesoro.
  • Nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal: impulsada por el ministro Luis Caputo, busca incorporar al circuito pyme e inmobiliario una parte de los USD 170.000 millones que los argentinos mantienen fuera del sistema bancario.

Ambas iniciativas forman parte del paquete económico que acompaña la estrategia legislativa del oficialismo durante el segundo semestre.

El calendario legislativo que marcará el debate electoral

El Senado tendrá una sesión prevista para el próximo 16 de julio, antes del inicio del receso invernal.

Luego del período de vacaciones, las autoridades de la Cámara Alta establecieron el regreso formal al recinto para el 6 de agosto, fecha en la que también se reactivarán las comisiones parlamentarias.

Ese momento marcará el inicio del debate formal sobre el nuevo diseño electoral del país y abrirá una etapa decisiva de negociaciones entre el Gobierno, los gobernadores y los distintos bloques legislativos.

Con agosto como mes destinado a la construcción de acuerdos y septiembre como fecha prevista para la llegada del proyecto con dictamen al Senado, el oficialismo prepara una de las discusiones parlamentarias más relevantes de su agenda: una reforma que busca redefinir las reglas electorales y que dependerá, en gran medida, de la capacidad del Gobierno para alcanzar consensos políticos.