El Gobierno nacional modificó la forma en que el Estado financia el descuento correspondiente a la Tarifa Social del sistema SUBE, al disponer que la cobertura del beneficio dejará de actualizarse automáticamente cada vez que aumenten las tarifas del transporte público definidas por provincias y municipios.
La decisión fue adoptada por la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 40/2026, que establece un nuevo mecanismo basado en "tarifas de referencia", las cuales pasarán a ser el parámetro utilizado para calcular el aporte que realiza el Tesoro Nacional para sostener el beneficio destinado a los usuarios alcanzados por el régimen.
Con esta modificación, el reconocimiento económico financiado por el Estado nacional ya no se aplicará de manera automática sobre cualquier incremento tarifario dispuesto por las jurisdicciones locales, sino únicamente sobre las tarifas de referencia fijadas por la normativa.
Cómo funcionarán las tarifas de referencia
La resolución determina que las tarifas de referencia serán diferentes según la jurisdicción del servicio de transporte. En el caso de las provincias y municipios, se tomarán como referencia las tarifas que se encontraban vigentes al 30 de junio de 2026.
Para los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, la base será la correspondiente a los cuadros tarifarios aprobados durante mayo de 2026. De acuerdo con la normativa, esas tarifas de referencia comenzaron a regir desde este miércoles 1 de julio y continuarán vigentes hasta que la Secretaría de Transporte disponga una nueva actualización.
Los principales criterios establecidos son los siguientes:
- Para provincias y municipios se utilizarán las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026.
- Para los servicios nacionales se tomarán como referencia los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.
- Las tarifas de referencia regirán desde el 1 de julio hasta que la Secretaría de Transporte decida actualizarlas.
Los fundamentos de la medida
El Gobierno explicó que la modificación responde a la existencia de una "marcada dispersión tarifaria" y a la frecuencia con la que los gobiernos provinciales y municipales aplican aumentos de distinta magnitud en el valor de los boletos.
Según el fundamento expuesto en la resolución, el Estado nacional no actúa como autoridad de aplicación sobre esos sistemas de transporte, pero hasta ahora debía afrontar incrementos en el financiamiento del beneficio cada vez que las jurisdicciones locales modificaban sus cuadros tarifarios.
Con el nuevo esquema, el Ejecutivo busca establecer un criterio uniforme para calcular el aporte nacional destinado a la Tarifa Social.
Al explicar el alcance de la decisión, el Gobierno sostuvo que "la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento".
Qué aspectos permanecen sin cambios
La implementación del nuevo mecanismo no modifica quiénes pueden acceder al beneficio ni altera el porcentaje del descuento vigente. De acuerdo con la resolución:
- Se mantiene el descuento del 55%.
- No cambia el universo de beneficiarios.
- El beneficio continúa alcanzando a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales.
No obstante, la normativa recuerda que quienes pretendan acceder al beneficio deberán contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada, requisito necesario para que el sistema reconozca el atributo social correspondiente.
Las facultades de provincias y municipios continúan vigentes
El nuevo esquema tampoco modifica las competencias de las jurisdicciones provinciales y municipales para definir el valor de las tarifas del transporte público dentro de sus respectivos ámbitos.
La resolución establece expresamente que las provincias y los municipios podrán seguir fijando sus propios cuadros tarifarios sin intervención del Estado nacional.
Sin embargo, cuando una jurisdicción decida establecer tarifas superiores a las consideradas como referencia o mantener sistemas de gratuidad más amplios, deberá asumir la responsabilidad sobre el financiamiento adicional derivado de esas decisiones y definir la modalidad de implementación correspondiente.
En ese sentido, la normativa diferencia claramente el cálculo del aporte nacional respecto de las decisiones tarifarias que continúan siendo competencia de cada jurisdicción.
Adecuación técnica del sistema SUBE
La puesta en marcha del nuevo mecanismo requerirá modificaciones en el funcionamiento operativo de la red SUBE.
La resolución dispone que la implementación técnica estará a cargo de Nación Servicios S.A., organismo que deberá adaptar los sistemas centrales para que puedan procesar el nuevo método de cálculo del beneficio financiado por el Estado nacional.
La adecuación tecnológica permitirá que el descuento continúe aplicándose conforme al régimen vigente, pero utilizando las nuevas tarifas de referencia establecidas por la Secretaría de Transporte.
Con la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el esquema comenzó a aplicarse desde este miércoles, marcando un cambio en la forma en que el Tesoro Nacional financia la Tarifa Social. A partir de ahora, el descuento del 55% continuará vigente para los beneficiarios alcanzados por el régimen, aunque el aporte estatal dejará de ajustarse automáticamente ante cada incremento del boleto que dispongan las provincias o los municipios, pasando a calcularse sobre las tarifas de referencia definidas por la nueva normativa.
